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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Unicef solicita celeridad al Estado chileno en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes haitianos ingresados al país. La organización pide claridad sobre su destino y acciones concretas para proteger sus derechos. Destacan el marco legal existente para regular la migración de menores, instando a cumplir con las leyes vigentes.

A través de una declaración, desde Unicef abordaron el caso del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití a territorio nacional. Al respecto, pidieron dar celeridad a la búsqueda y saber cómo el Estado lo está haciendo para concretar ese objetivo.

“Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, Unicef está solicitando a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes. Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, señalaron.

Igualmente, recordaron que Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: “La Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, citaron.

Por esto, remarcaron que es necesario conocer con urgencia dónde están esos niñas, niños y adolescentes, además de quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado.

Recordemos que, según dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, entre los delitos que se investigarían podría estar el tráfico de migrantes y la trata de personas. En caso de que haya funcionarios públicos involucrados, podrían ser eventuales delitos de soborno y cohecho.