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La diputada Marcela Hernando (PR) asumió la presidencia de la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, instando a la seriedad y objetividad en el proceso. Prometió un estricto apego al orden institucional y un análisis técnico exhaustivo. Destacó la importancia de escuchar a expertos y revisar antecedentes para garantizar rigor. La comisión definió su mesa directiva, con Hernando como presidenta de forma unánime.
La diputada Marcela Hernando (PR) asumió hoy la presidencia de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. La legisladora, quien fue ministra de Minería del presidente Gabriel Boric, realizó un firme llamado a la seriedad y la objetividad durante el inicio de este proceso en la Cámara.
La parlamentaria enfatizó que su gestión al mando de la instancia legislativa estará marcada por el estricto apego al orden institucional. También adelantó que aplicará un análisis técnico exhaustivo en cada etapa de la revisión.
“Mi compromiso es conducir este proceso con seriedad, objetividad y respeto por las instituciones. Antes de emitir juicios, corresponde escuchar a los expertos, revisar los antecedentes y garantizar que el trabajo de la comisión se desarrolle con el rigor que el país espera”, aseguró la legisladora por la región de Antofagasta.
“Hoy asumí la presidencia de la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Los invito a estar atentos a mis redes sociales, donde estaré informando de manera transparente el desarrollo de este proceso y las decisiones que se vayan adoptando en la comisión”, añadió la legisladora.
Recordemos que la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda definió este martes su mesa directiva. La instancia quedó integrada por los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Luis Sánchez (Republicanos), Joanna Pérez (IND-Demócratas) y Marcela Hernando (PR). El acuerdo para elegir a esta última como presidenta se adoptó de forma unánime.
El libelo sostiene que durante la gestión del exministro se habrían vulnerado deberes constitucionales y legales. La acusación apunta especialmente a la conducción de las finanzas públicas en la elaboración y presentación de proyecciones fiscales.
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