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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, por delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. El juez Daniel Urrutia dio por acreditados los cargos. La investigación, que cuenta con 90 días de plazo, revela la apropiación de más de 104 millones de pesos de dinero público y el uso indebido de fondos.

La jornada de este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez.

En un video que registró Radio Bío Bío en el lugar, se observa la salida del exparlamentario esposado desde el tribunal.

Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

En el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario. Así las cosas, se establecieron 90 días de plazo para la investigación.

Joaquín Lavín León queda en prisión preventiva

Documentos judiciales, whatsapps y declaraciones policiales reconstruyen los pasos que llevaron al desafuero de Lavín.

Recordemos que al exdiputado no sólo se le imputan cargos por apropiarse de dineros de la casa legislativa, sino también por haber traficado influencias al interior del municipio que controlaba su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

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En total, el Ministerio Público lo acusa de haber defraudado a las arcas fiscales en más de 104 millones de pesos.

Tal como reveló BBCL Investiga, el exlegislador —según la indagatoria— también obtuvo financiamiento de dineros públicos del Congreso para pagar una deuda personal que mantenía con la imprenta MMG.

Esta formalización marca un punto clave en una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuya carpeta reúne antecedentes que, según los persecutores, no responden a un hecho aislado, sino a una estructura orientada a la utilización indebida de fondos públicos.