Desde la oposición, parlamentarios del Frente Amplio (FA) oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie sobre la legalidad de la instrucción —impartida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— que habría restringido la intervención en procesos judiciales vinculados al cumplimiento de condenas por delitos de lesa humanidad.
La diputada Javiera Morales, integrante de la comisión de Derechos Humanos, señaló: “Es preocupante que este gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como oficina de abogados para sus amigos en Punta Peuco”.
“La cartera, por mandato legal, tiene la obligación de defender y garantizar los derechos humanos, no de defender a condenados por delitos de lesa humanidad. Aquí hay una clara ilegalidad, y por eso le pedimos a la Contraloría que se pronuncie al respecto”, complementó.
Recordemos que las instrucciones habrían limitado el rol del programa de Derechos Humanos en la oposición a beneficios penitenciarios solicitados por personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
El diputado Roberto Celedón, también integrante de la comisión de Derechos Humanos, comentó: “El gobierno erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan respecto de una resolución que favorece a una persona de 95 años que estaría en estado mental enfermo, porque crea confusión, ya que se estaría usando el recurso judicial en reemplazo de lo que el presidente había anunciado en cuanto a la decisión de indultar a determinados presos”.
En el requerimiento se solicita determinar si las instrucciones ministeriales se ajustan al marco legal del programa; si la autoridad administrativa puede, mediante instrucciones internas, limitar funciones de representación judicial establecidas por ley; si dichas instrucciones resultan compatibles con el principio de juridicidad constitucional; y si corresponde que sean objeto de control preventivo o posterior, incluyendo su eventual representación o invalidación por parte del organismo contralor.
Finalmente, los parlamentarios del FA aseguraron que el pronunciamiento de la Contraloría resulta indispensable para determinar la legalidad de las decisiones adoptadas y asegurar que ninguna instrucción interna pueda traducirse en impunidad para quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.
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