La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que ahora deberá ser revisada por el Senado en su segundo trámite legislativo.
La propuesta fue visada en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se extendió desde la jornada anterior.
Sin embargo, diputados de la oposición manifestaron reservas de constitucionalidad y planean recurrir al Tribunal Constitucional por considerar que algunos puntos del proyecto podrían vulnerar normas fundamentales.
“Escuelas protegidas”, presentado por el gobierno de José Antonio Kast, apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales otorgando mayores atribuciones como la revisión de mochilas, entre otras cosas.
Con este resultado, el texto avanzará a la Comisión de Educación del Senado y luego a la sala de la Cámara Alta, donde se definirá si es despachado como ley o si debe volver a la Cámara en un eventual tercer trámite.
Escuelas Protegidas avanza con amenaza de llegar al Tribunal Constitucional
Aprobando con más de 80 votos la suspensión de la gratuidad, el gobierno se anotó un triunfo político importante, aprobando y despachando al Senado el proyecto de ley denominado ‘Escuelas Protegidas’.
Tras la aprobación en general, la Sala votó las indicaciones presentadas, varias de ellas impulsadas previamente por la diputada Emilia Schneider (FA) durante la discusión en comisión. En ese contexto, y tal como lo habían anticipado, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Schneider realizaron reservas de constitucionalidad sobre distintos artículos aprobados, a las que también se sumó el diputado Héctor Ulloa (PPD).
Las diputadas Daniela Serrano y Emilia Schneider hicieron siete reservas de constitucionalidad en total y el PPD Héctor Ulloa también pidió una.
Las primeras reacciones evidenciaron una división política marcada. Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad en las aulas, mientras que desde la oposición advirtieron que las reservas de constitucionalidad no serán meramente testimoniales.
Según señalaron, recurrirán al Tribunal Constitucional al considerar que algunos puntos del proyecto podrían vulnerar normas fundamentales.
En esa línea, la diputada Emilia Schneider sostuvo que el foco debería estar en políticas estructurales: “Acá lo que hay que hacer es implementar la ley de convivencia educativa, invertir en salud mental juvenil y tener un buen control de armas como sociedad”, afirmó.
Desde la bancada del Partido de la Gente (PDG), que ya había adelantado su rechazo, insistieron en que el texto no entrega garantías suficientes para resguardar a docentes y asistentes de la educación.
La diputada Paula Olmos afirmó que “el PDG no está en contra de la seguridad, pero sí vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación. Este proyecto tiene vacíos importantes y no fuimos escuchados donde correspondía”.
En paralelo, desde el Frente Amplio surgieron cuestionamientos por el contenido de algunas disposiciones. La diputada Gael Yeomans criticó que “en el proyecto Escuelas Protegidas, los diputados de Kast ni siquiera fueron capaces de votar a favor de informar a los papás cuando sus hijos sean revisados en los colegios”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó el rechazo de indicaciones que —según planteó— buscaban establecer límites y garantías mínimas para estudiantes. Entre ellas, mencionó la necesidad de evitar revisiones forzosas a menores de 14 años, limitar el contacto físico, resguardar la privacidad, incorporar a apoderados y establecer controles al actuar policial.
Gobierno defiende diseño “flexible” del proyecto
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el respaldo transversal que obtuvo la iniciativa, aunque defendió el diseño del proyecto frente a las críticas.
“Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que hemos querido introducir. Esa es una de las razones por las que hemos optado por un proyecto que no entre tanto en detalle, que permita que los colegios incorporen en sus reglamentos internos medidas que los ayuden a hacer frente y prevenir hechos de violencia, sin generar una sobrecarga que haga estas medidas inaplicables”, explicó.
Con este escenario, el proyecto avanza al Senado en medio de un debate que no solo tensiona al Congreso, sino que anticipa una eventual disputa en el Tribunal Constitucional.
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