Durante las últimas semanas, múltiples alertas por amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales han encendido las alarmas y reabierto el debate sobre la seguridad en las aulas. Mientras algunos expertos atribuyen estos hechos a un fenómeno de imitación, otros advierten que se trata de una señal que no debe minimizarse.
Más allá del origen del fenómeno o de las verdaderas intenciones detrás de estas amenazas, es clave subrayar que incluso cuando se trata de “bromas” o actos impulsivos, ello no exime de responsabilidad. Estas conductas pueden constituir delitos y tener consecuencias tanto académicas como legales.
En efecto, durante las últimas semanas, varios estudiantes han sido detenidos, enfrentando investigaciones y procesos judiciales. Por ello, BioBioChile conversó con la abogada de la Universidad de Concepción y experta en Derecho Educacional, Geraldine Hyde, para profundizar en las consecuencias que pueden tener quienes realizan este tipo de amenazas, aunque se hagan “como broma”.
Amenazas en colegios, ¿son solo bromas?
“Desde el punto de vista legal y educacional, es gravísimo que un estudiante realice una amenaza de tiroteo, aunque después diga que era una broma. Es un hecho gravísimo, aunque después se retracte”, señaló la experta.
Según explica, al ser un hecho que genera temor, en ningún caso se puede considerar como una broma, ya que activa protocolos de seguridad e incluso puede constituir un delito de amenaza, algo gravísimo en el ámbito escolar. “En simple. Si genera miedo, deja de ser una broma y pasa a ser un hecho con consecuencias reales. Independiente de que después el alumno se retracte”, zanjó.
La abogada aclaró que, en la práctica, no existe una diferencia entre una amenaza creíble y una broma: “toda amenaza se toma en serio, no porque todo sea real, sino porque no podemos correr el riesgo de equivocarnos”.
Sobre las sanciones académicas que puede enfrentar un estudiante que hace este tipo de amenazas, estas dependerán específicamente de aquellas establecidas en el reglamento interno del colegio, las que a menudo “pueden ir desde la suspensión, la cancelación de matrícula, incluso hasta la expulsión. Todo de acuerdo al debido proceso y a lo que establezca el reglamento interno de ese establecimiento educacional”.
“Que el estudiante diga que era broma no elimina su responsabilidad, sobre todo pensando que se genera alarma y se activan protocolos si provoca un impacto real. El hecho se trata como grave, más allá de cómo intente el estudiante explicar después su actuar”, advirtió.
También hay consecuencias penales o judiciales
Además de las sanciones internas del colegio establecidas en el reglamento, este tipo de hechos también puede tener consecuencias penales o judiciales, tanto para el estudiante como para su familia, es decir, padres o apoderados.
“Estos hechos pueden tener consecuencias penales como delito de amenaza, alteración del orden público, dependiendo del caso. Además puede existir responsabilidad civil de los padres, ya que el Código Civil en su artículo 2320 establece que deben responder por los hechos de sus hijos menores bajo su cuidado. En simple, no es solo un problema escolar”, advirtió.
“Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así los progenitores son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”, Artículo 2320 del Código Civil.
En el caso de que la amenaza la haya realizado un estudiante que tenga entre 14 y 17 años, puede tener responsabilidad ante la ley. Se aplica la Ley 20.084, que regula la responsabilidad penal de adolescentes. “Esto implica que sí hay responsabilidad penal, pero dentro de un sistema especial distinto al de los adultos y que combina sanción, pero con un enfoque formativo y de reinserción en la práctica”, explicó Hyde.
“Entonces, ojo los estudiantes, porque puede iniciarse una investigación penal. El adolescente puede ser llevado a tribunales y se le pueden aplicar medidas que van desde amonestación, libertad asistida hasta sanciones más intensas según la gravedad del hecho. Acá no hay impunidad, es responsabilidad, pero con un tratamiento que es acorde a la edad y a la gravedad de la conducta. En ningún caso estas conductas de amenazas de tiroteo pueden quedar impunes desde el punto de vista penal”, señaló Hyde.
Prevenir y conversar a tiempo
Para Geraldine Hyde, es sumamente importante informar para que los estudiantes estén conscientes sobre las consecuencias de hacer amenazas de este tipo. Según indica, “detrás de estas situaciones no solo hay normas, porque hemos estado hablando de las normas del punto de vista educacional, las normas del punto de vista penal y también las normas civiles que podrían eventualmente afectar a los padres. Pero aquí hay mucho más que normas”.
La experta recordó que “aquí hay comunidades completas que se asustan. Profesores que tienen que contener a sus alumnos. Estudiantes que están asustados, estudiantes que luego no se atreven a regresar al establecimiento. También hay padres que concurren a buscar a sus hijos con temor. Hay comunidades enteras que se están viendo afectadas, no teniendo clases. Y muchas veces quien hizo este acto de amenaza no dimensiona, no dimensiona todo lo que provoca, todo el aparataje que moviliza. Llegan carabineros, hay que activar protocolos, hay que realizar una serie de acciones, hay que proteger, hay que contener a todos los estudiantes de esa comunidad educativa”, manifestó.
Por eso, para la experta en derecho educacional, no se trata solo de sancionar, se trata también de prevenir y de conversar a tiempo, de explicar y de acompañar. “Qué importante es que haya límites claros, pero también tenemos que formar la conciencia de nuestros estudiantes. Y aquí este es un llamado para toda la comunidad educativa. Hablemos de esto antes, hablemos en la casa, hablemos los abuelos, los tíos, los primos. Conversen entre los amigos en el colegio y los equipos educativos, en la casa, en la sala”, aseveró.
Desafíos para el sistema chileno
Consultada sobre los desafíos que enfrenta el sistema chileno en la materia, la experta enfatizó que, aunque este ha avanzado muchísimo, sobre todo en normativa, existe todavía un gran desafío: la aplicación real y oportuna de estos protocolos y reglamentos internos.
“Hoy no basta con tener el protocolo escrito. Ese protocolo tiene que tener una conexión real con la comunidad educativa. No debemos tener protocolos simplemente por cumplir”, advirtió Hyde.
Para la abogada, “se requiere avanzar a una cultura preventiva que implique estar más atentos a los estudiantes, fortalecer el rol de la familia y abordar de manera más integrada la salud mental, la salud psicoemocional, porque muchas de estas situaciones no aparecen de un día para otro, dan señales, a veces pequeñas señales, y esas hay que saber verlas a tiempo”.
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