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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto de ley que establece la obligación de declaraciones de intereses y patrimonio para personal de Gendarmería de Chile, enmarcado en Ley de Probidad en Función Pública. Se modifica decreto ley N° 2859 ampliando exigencias para todo el personal, con el fin de asegurar integridad frente al crimen organizado y narcotráfico. Declaraciones serán revisadas por órganos internos y mantendrán carácter reservado.

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y dejó lista para ser ley el proyecto que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio (DIP).

La iniciativa se enmarca en la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. De esta manera, se modifica el decreto ley N° 2859 para ampliar los niveles de exigencia al interior de la institución. De esta manera, el texto señala que tanto el personal de planta como los honorarios quedarán sujetos a esta exigencia.

Lo anterior, indican desde la Cámara, porque resulta trascendental refrendar la integridad de Gendarmería frente a las operaciones del crimen organizado y el narcotráfico.

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Entre los argumentos del proyecto está que una de las estrategias principales de las bandas delictuales es obtener mayor capacidad de corrupción mediante el soborno y la intimación de los agentes públicos.

Las declaraciones de intereses y Patrimonio podrán ser revisadas por órganos fiscalizadores internos, pero mantendrán su carácter reservado respecto del público general, garantizando así la protección de datos personales y sensibles.

El proyecto, aprobado por unanimidad, fija una gradualidad para el cumplimiento de esta obligación. Así, se dispone que al cuarto mes de publicada la ley se aplicará a la planta de oficiales penitenciarios, directivos y personas contratadas a honorarios.

Posteriormente, al octavo mes se sumarán los suboficiales penitenciarios y gendarmes; mientras que al duocécimo mes corresponderá que cumplan con la declaración los profesionales, técnicos y auxiliares.