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La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados respaldó la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por afectar la institucionalidad con la "trama bielorrusa". La remoción inmediata de Simpertigue se basó en incumplimientos de probidad e imparcialidad. A pesar de negar los cargos, la votación en el Senado fue unánime. La asociación destacó que la acusación es clave para equilibrar poderes y proteger la independencia judicial.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados se refirió a la aprobación de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La organización gremial afirmó que la acción aprobada por el Senado “sanciona una conducta que afectó gravemente la institucionalidad y dañó la confianza pública en la justicia”.
La Acusación Constitucional implicó la remoción inmediata de Simpertigue de su cargo. La decisión se tomó en el marco de su vinculación con la denominada “trama bielorrusa” derivada del caso Audio.
La asociación de magistrados señaló que los hechos imputados se relacionan con “el incumplimiento de los deberes de probidad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional”. Enfatizaron que esto ocurrió “en particular por la falta de inhabilitación en causas en que existían vínculos personales relevantes, comprometiendo la necesaria imparcialidad”.
Horas antes de la votación en la Sala del Senado, el ministro Simpertigue negó los cargos. El magistrado afirmó de manera tajante que “nunca ha habido ninguna irregularidad”. Su defensa no logró revertir el resultado, que contó con votación unánime en el primer capítulo de la acusación.
Herramienta de equilibrio entre poderes
En su comunicado, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados analizó la figura de la acusación constitucional. La entidad sostuvo que este mecanismo “constituye una herramienta propia del equilibrio entre los poderes del Estado”. Agregaron que “su ejercicio resulta legítimo en la medida que se limite al control de la conducta del juez, sin extenderse al mérito de las decisiones jurisdiccionales”.
El gremio judicial precisó que, en este caso específico, el mecanismo “se ha dirigido a reprochar comportamientos incompatibles con los estándares éticos exigibles a quienes integran el máximo tribunal del país”. Concluyeron que este proceso actúa “resguardando con ello la independencia judicial”.
Durante la votación, los senadores analizaron el libelo aprobado previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados. El primer capítulo se aprobó por unanimidad, el segundo fue rechazado por 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones, y el tercero obtuvo 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
Solo se necesitaba la aprobación de uno de los tres capítulos para que avanzara la destitución del magistrado. Así las cosas, con Simpertigue, son tres los ministros de la Corte Suprema que han sido destituidos de su cargo durante este 2025. Se suma a la de los exministros supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y a las destituciones de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde la Asociación expresaron que “condenamos toda conducta que debilite la confianza ciudadana en la judicatura”. Afirmaron que estos estándares “resultan especialmente exigibles respecto de quienes han ejercido funciones de dirigencia gremial de esta Asociación”.
Asimismo, la asociación gremial recordó que “históricamente se ha promovido y defendido la independencia judicial”. Del mismo modo, la entidad subrayó que “la imparcialidad judicial exige no solo rectitud en el actuar, sino también la adopción de conductas que eviten cualquier duda razonable sobre ella”.
Revisa el comunicado de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados:
