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Horas y horas son perdidas a diario por los habitantes del Gran Concepción en trasladarse desde sus hogares hacia el trabajo o sus lugares de estudio y viceversa. Tiempos de desplazamiento que estuvieron en la palestra como uno de los problemas más importantes de la Región del Biobío durante los últimos cuatro años y que hoy parecen no importarle al gobierno.
Los electrocorredores del transporte público del Gran Concepción fueron degradados, desde una prioridad para la Dirección de Concesiones a ser solo un proyecto de incierto destino, a realizarse, quizás algún día, por el MOP.
Me refiero a los electrocorredores que formaban parte de un plan para mejorar integralmente la tan necesitada conectividad del Gran Concepción. De esta manera, en las autopistas más transitadas los buses del transporte público no quedarían detenidos en eternas congestiones.
Y la razón que entregó el gobierno para detener esta iniciativa, a punto de adjudicarse, fue una que ya suena como disco rayado: “Hoy enfrentamos una situación fiscal que nos obliga a revisar responsablemente los compromisos de gasto y priorizar las inversiones públicas”.
El Plan Más Movilidad fue un plan que se ideó específica y exclusivamente para solucionar el problema de conectividad de la región, con participación de alcaldes, Gobierno Regional y el Gobierno Central a través de todos sus servicios. Se comprometieron por parte del Estado US$2.700 millones para 28 proyectos que permitían resolver definitivamente la problemática. Todos los sectores políticos concurrieron a un acuerdo transversal sobre la necesidad de hacerlo y desde el Gobierno central y regional se adjudicaron los fondos necesarios para ello.
Gracias a este acuerdo se lograron concretar obras como el Puente Ferroviario (US$270 millones), el Puente Industrial (US$250 millones) y la ampliación y continuación de la costanera a Chiguayante, así como el Eje Colón, el Puente Perales, el Puente Esmeralda, entre muchas otras.
Hoy, el Gobierno da pie atrás, desconociendo la importancia de este acuerdo transversal y la urgencia de estas medidas. Lamentablemente, los intentos del oficialismo regional por revertir la situación solo han provocado promesas al aire, sin ningún sustento lógico ni procedimental.
¿Cuál es la señal que nos entregan? Que una de las problemáticas más urgentes para los habitantes del Biobío no tiene real importancia para el gobierno. Seamos claros: el valor completo del Plan Más Movilidad es lo que costará la línea 9 del metro en Santiago y ese proyecto no está en pausa por “la situación fiscal”.
Pero hay un asunto más relevante, y es que esa “situación fiscal” ha ocurrido por el accionar del propio gobierno. Particularmente, por la aprobación de una reforma tributaria que redujo los impuestos a los empresarios más poderosos y acaudalados de Chile, lo que provocará que el Estado efectivamente vaya a recaudar menos dinero.
Esta decisión nos demuestra, una vez más, que cuando existan problemas económicos, aunque hayan sido creados por las decisiones del mismo Gobierno, los costos serán traspasados a la ciudadanía en vez de ser enfrentados por el Estado. Otro ejemplo que tenemos a mano es el alza del precio de los combustibles y la decisión de no ajustar el subsidio al combustible (MEPCO).
No nos equivoquemos: la crisis no es para todos. La crisis no es para quienes tienen grandes fortunas que puedan reducir impuestos o el pago de contribuciones. La crisis es para quienes no tienen quien defienda sus intereses en los pasillos de La Moneda o Teatinos 120. La crisis es para quienes tuvieron que dejar de usar sus autos por el precio del combustible. La crisis es para las personas alejadas del centro (en geografía y en poder), para los indefensos y los más vulnerables.
