Gobierno en marcha: pánico en la extrema izquierda

A cinco meses de iniciado su gobierno, el presidente Kast ha puesto en marcha algunos de sus principales proyectos y ha logrado avanzar en su aprobación en el Congreso. La perspectiva de que continúe cumpliendo sus principales promesas electorales comienza a generar una fuerte reacción en la oposición de izquierda, particularmente en sus sectores más radicales.

El Partido Comunista y otros sectores de izquierda ya han comenzado a movilizar sus organizaciones sociales y políticas. Frente a esta situación, el presidente Kast debe estar preparado para enfrentar cualquier intento de alterar el orden público con toda la energía que le permite la institucionalidad democrática, recurriendo, cuando las circunstancias lo hagan necesario, a las facultades que la Constitución y las leyes contemplan para garantizar la tranquilidad de la población.

Como ya hemos advertido, esta reacción se ha traducido en llamados a movilizaciones en los que participan organizaciones como la FECH y la CUT, cuya historia ha estado estrechamente vinculada a las grandes movilizaciones políticas y sociales del país.

Cuando hablo de una reacción enérgica del Presidente, no me refiero a impedir las manifestaciones legítimas, sino a actuar con firmeza frente a quienes pretendan utilizar la violencia como instrumento político. Una democracia debe garantizar el derecho a manifestarse, pero ese derecho no puede confundirse con la destrucción de bienes, la agresión a las personas o la alteración violenta del orden público.

Manifestar significa expresar públicamente una opinión o una posición. Puede hacerse por escrito, de palabra, a través de los medios de comunicación, en las redes sociales o mediante una concentración pacífica. La violencia, en cambio, pertenece a una categoría completamente diferente. Una democracia que se respete debe proteger ambas cosas: el derecho a disentir y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz.

Por eso resulta especialmente preocupante que algunos sectores de la izquierda continúen defendiendo o justificando modelos políticos que han demostrado históricamente su incapacidad para garantizar libertad, prosperidad y bienestar. En ese sentido, el Partido Comunista chileno conserva una relación con determinadas experiencias políticas del pasado que resulta difícil de comprender a la luz de la evolución que ha experimentado el mundo.

Un ejemplo de ello es la persistencia de la admiración hacia la revolución cubana y hacia Fidel Castro. Basta observar las condiciones actuales de Cuba para preguntarse qué resultados produjo el sistema político y económico instaurado después de la revolución. La situación de la isla constituye, por sí misma, un argumento que debería llevar a una reflexión mucho más crítica sobre aquel modelo.

Algo similar ocurre con la evolución de China, que abandonó hace décadas buena parte de las fórmulas económicas del comunismo tradicional y adoptó un sistema que combina un régimen político de partido único con una economía ampliamente abierta al mercado. La propia historia reciente demuestra, por lo tanto, que las ideas económicas y políticas no permanecen congeladas y que los modelos que alguna vez parecieron inamovibles pueden terminar siendo reemplazados.

En Chile, sin embargo, algunos sectores de la izquierda parecen no haber extraído todas las conclusiones de esas transformaciones. Esa es una de las razones por las que resulta necesario discutir con mayor profundidad qué significa ser un partido democrático y cuáles son los límites que deben respetarse dentro de una democracia.

También sería conveniente recordar que la posibilidad de manifestarse es un derecho y no un privilegio de una determinada corriente política. Si una organización llama a la violencia o pretende utilizarla como método de acción política, el Estado debe actuar conforme a la ley, cualquiera sea la ideología de quienes incurran en esa conducta.

Una izquierda que opte por la violencia corre además el riesgo de aislarse del resto de la centroizquierda. Los sectores democráticos que participan de la vida institucional difícilmente tendrán interés en acompañar estrategias de agitación permanente que puedan terminar perjudicando la convivencia política y debilitando las propias instituciones que permiten su participación.

La historia chilena demuestra, por otra parte, los peligros que aparecen cuando la confrontación política termina sustituyendo al diálogo y al respeto institucional. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos. La defensa del orden democrático no puede transformarse en persecución política ni en una repetición de los peores episodios de nuestra historia, como ocurrió con Pisagua durante el gobierno de Gabriel González Videla o, en una escala y contexto completamente diferentes, con la represión ejercida por la DINA durante el régimen militar.

La respuesta debe estar, precisamente, en fortalecer la democracia y no en debilitarla.

Por ello, la reforma política que Chile necesita debería contemplar reglas claras para todos los partidos que aspiren a participar en la institucionalidad. Quienes quieran ejercer la representación popular deberían asumir un compromiso inequívoco con la democracia, el Estado de Derecho y el rechazo a la violencia como instrumento de acción política.

Esa reforma también debería abordar la calidad de nuestra representación parlamentaria. No basta con ser elegido para desempeñar correctamente la delicada tarea de legislar. El país necesita representantes preparados, responsables y capaces de anteponer el interés nacional a las conveniencias partidistas o personales.

La democracia se fortalece cuando existen partidos que aceptan sus reglas, cuando las diferencias se resuelven mediante el diálogo y cuando el Estado es capaz de garantizar simultáneamente la libertad y el orden. Hacia esas metas de sanidad democrática debe dirigirse el gobierno del presidente Kast, que todavía no cumple ni medio año de su mandato.