Ministro de Justicia advierte que edad "no puede ser requisito" para liberar a reos por delitos graves

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se sumó este martes al rechazo transversal que generó la propuesta del diputado republicano José Meza, quien defendió la idea de conmutar condenas a personas de avanzada edad con enfermedades terminales, incluso en casos de violadores de menores o autores de crímenes de lesa humanidad.

La polémica, que tensiona la campaña de José Antonio Kast, escaló con fuerza y el Gobierno no se mantuvo al margen.

El ministro Jaime Gajardo descartó de plano cualquier flexibilización automática para reclusos de edad avanzada. “La edad por sí sola no puede ser un requisito”, afirmó en radio Duna, recordando que en Chile hay condenados por delitos que “truncan vidas”, desde violaciones a menores hasta crímenes cometidos durante la dictadura.

“Creo que hoy tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan sus condenas y no haya impunidad en nuestro país”, agregó el titular de Justicia.

Según cifras de Gendarmería de Chile al 30 de junio de 2025, existen 2.518 personas privadas de libertad mayores de 60 años, de las cuales 1.975 están condenadas. Entre ellas, 403 cumplen penas por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 258 condenas por homicidios y 263 por secuestros y detenciones ilegales. A esto se suman 1.572 condenados por delitos comunes, de los cuales 563 son por abuso sexual, 410 por violación, 201 por homicidio y 19 por parricidio.

El debate ocurre mientras el Senado discute un proyecto que permitiría evaluar salidas humanitarias para reos con enfermedades terminales. No obstante, para el Ministerio de Justicia la línea es clara: ese mecanismo no puede aplicarse a quienes cometieron delitos atroces o con carácter sistemático.

Con esta nueva intervención, el Ejecutivo endurece su postura frente a una controversia desatada tras las declaraciones de Meza en CNN, y que ya provocó un fuerte roce político con el oficialismo acusando ambigüedad y vacilaciones en la postura pública de Kast frente a un tema que golpea a su sector, y con parlamentarios que pedirán un pronunciamiento de la UNICEF al respecto.