La tarde de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó que María Leonarda Villalobos deje la cárcel de San Joaquín para cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Recordemos que la mujer que destapó el escándalo conocido como Caso Audio, se encontraba en prisión preventiva acusada de delitos de corrupción y económicos.
Su defensa había intentado en múltiples ocasiones sacarla de la cárcel, acusando incluso un sesgo de género, por no permitir que cumpliera su medida cautelar en otro recinto penitenciario como Capitán Yáber, tal como lo hizo en su momento Luis Hermosilla, imputado en el mismo caso.
No obstante, este martes se realizó una audiencia de reformalización donde la jueza de garantía, María Carolina Herrera, acogió la petición de su defensa para imponer nuevas medidas cautelares.
“Para este caso, analizando la proporcionalidad de las que ha hecho la parte querellante, considera el tribunal que un arresto domiciliario total y un arraigo nacional son suficientes por ahora”, señaló la magistrada, según publica Emol.
Villalobos había sido formalizada en agosto de 2024 en el marco de la arista Factop del Caso Audio por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Desde ese entonces, la abogada había permanecido recluida.
En la instancia de hoy, también se revisaron las medidas cautelares del exfuncionario de la Tesorería Regional de la República, Renato Robles; y el excontador auditor del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías. Ambos quedaron con reclusión domiciliaria nocturna.
Cabe destacar que según documentos a los que accedió BBCL Investiga, la abogada recibió entre 2019 y 2023 más de 1.700 millones de pesos provenientes de Factop, la empresa fundada por los hermanos Sauer con la que —según fiscalía y pago de coimas mediante— montaron una bicicleta financiera para entregar dinero sonante y contante a la familia Jalaff, controladora del Grupo Patio.
Para ese fin, tal como reveló este medio en agosto de 2024, los dueños de la firma desplegaron una serie de maniobras reñidas con la ley. En simple, apuntan documentos contenidos en el expediente judicial, recurrieron a facturas ideológicamente falsas y a la estafa: captaron a inversionistas, les ofrecieron rentabilidades mensuales superiores a las que ofrece el mercado financiero y, luego, simplemente no les respondieron.
Los dineros iban a parar justamente a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, además de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes —según la causa— prestaron apoyo en el fraude.
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