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El diputado Cristhian Moreira (UDI), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Contraloría General de la República, luego de detectar presuntas irregularidades en el pago de facturas en la embajada de Chile en Argentina, tras una denuncia interna que desencadenó un sumario administrativo en el Ministerio. Moreira busca determinar posibles responsabilidades administrativas, solicitando investigaciones sobre el mal uso de los recursos públicos en la embajada y asegurar la transparencia en el manejo presupuestario de la representación diplomática.
El miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Cristhian Moreira (UDI), presentó un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y otro a la Contraloría General de la República, tras conocerse presuntas irregularidades detectadas en el pago de facturas en la embajada de Chile en Argentina.
Esto después que el Minrel iniciara un sumario administrativo tras una denuncia interna, la que apuntó a eventuales giros de dinero de la representación diplomática que fueron destinados al pago de proveedores.
En ese sentido, el diputado mencionó dos aspectos claves a considerar: “Se deben establecer las posibles responsabilidades administrativas y otras acciones contempladas por su servicio para abordar la denuncia”.
Los oficios de Moreira
Así, el parlamentario precisó que el oficio al ministerio de Relaciones Exteriores va en línea con conocer los hechos denunciados; a los funcionarios involucrados en los hechos que dieron origen a la denuncia; y el estado de trámite del mencionado sumario administrativo, entre otros.
En cuanto al oficio emitido a la Contraloría General de la República, Moreira puntualizó que “es importante que se inicie una investigación sobre la denuncia relacionada con eventuales irregularidades detectadas en pagos de facturas con recursos de la embajada de Chile en Argentina, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas a la luz del principio de probidad”.
Finalmente, complementó: “Además, se debe fiscalizar, desde un órgano imparcial como es el ente contralor, la situación presupuestaria de la mencionada representación diplomática y asegurar el buen uso de los recursos públicos”.
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