Si sólo invertimos en el castigo ¿qué gana el buen ciudadano?

Hace bastante tiempo me he estado preguntando qué gana realmente una persona por ser un buen ciudadano en Chile.

No hablo de no cometer delitos por miedo a terminar detenido. Tampoco de evitar ciertas conductas para no ser juzgado socialmente. Hablo de algo más profundo y sencillo si lo pensamos con detención, ¿existe algún incentivo positivo para respetar las normas, participar en comunidad, cumplir deberes cívicos y contribuir al bienestar colectivo?

La respuesta parece inquietante. Gran parte de nuestro sistema está construido sobre una lógica punitiva. El mensaje implícito es demasiado simple, cumple las reglas o serás castigado. El Estado multa, sanciona, restringe libertades o encarcela. La sociedad condena, etiqueta y excluye. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué ocurre cuando alguien hace las cosas bien.

Desde pequeños aprendemos que la ley funciona principalmente como una amenaza, no robes porque irás preso, no conduzcas en estado de ebriedad porque perderás tu licencia, no evadas impuestos porque serás sancionado. La lógica siempre termina siendo la misma, evitar consecuencias negativas. El problema es que una sociedad sostenida únicamente por el miedo al castigo se mantiene bajo un funcionamiento de relación tóxica. Se mantiene mientras exista vigilancia. Cuando la vigilancia desaparece, la buena conducta también.

La teoría política lleva siglos discutiendo este fenómeno. Thomas Hobbes sostenía que el Estado debía existir precisamente porque los seres humanos necesitaban una autoridad capaz de contener sus impulsos mediante la coerción. Otros pensadores, como Rousseau o Tocqueville, entendían que una democracia sana requería algo más que miedo; necesitaba ciudadanos comprometidos con un proyecto común y conscientes de que su comportamiento tiene un impacto directo sobre la comunidad a la que pertenecen.

Sin embargo, en Chile seguimos apostando principalmente por la lógica de la sanción. Mientras endurecemos penas, ampliamos delitos y fortalecemos mecanismos de persecución penal, continuamos teniendo enormes dificultades para construir incentivos positivos de convivencia. Participar en organizaciones comunitarias rara vez genera beneficios concretos. Cumplir rigurosamente con los deberes cívicos no entrega ventajas tangibles. Ser un ciudadano ejemplar suele ser considerado una obligación moral, pero difícilmente una conducta socialmente reconocida.

Resulta curioso que dediquemos tantos esfuerzos a diseñar castigos para quienes incumplen las reglas y tan pocos a premiar a quienes contribuyen al bienestar colectivo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en mecanismos que reconozcan de manera concreta a quienes mantienen una conducta cívica ejemplar? Una alternativa podría ser la devolución de parte del IVA pagado durante diciembre, entregada en marzo del año siguiente a ciudadanos que cumplan ciertos requisitos previamente definidos: mantener sus obligaciones tributarias al día, no registrar infracciones graves, participar en procesos democráticos o acreditar algún nivel de participación comunitaria. El mecanismo específico es discutible, pero la idea de fondo merece atención. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en castigar a quien incumple, podríamos comenzar a premiar a quien contribuye.

La diferencia no es menor. El mensaje dejaría de ser “compórtate o sufrirás las consecuencias” para transformarse en “tu aporte a la sociedad tiene valor y será reconocido”. No se trata de comprar la buena conducta ni de convertir la ciudadanía en un programa de puntos acumulables, sino de comprender algo que la psicología, la educación e incluso la economía conductual llevan décadas demostrando, los incentivos positivos también moldean comportamientos y, muchas veces, lo hacen de manera más efectiva y duradera que la amenaza permanente del castigo.

Paradójicamente, incluso dentro del propio sistema penal existe cierto reconocimiento de esta realidad. Las penas sustitutivas contempladas en la Ley N.º 18.216 fueron creadas bajo la premisa de que no toda infracción debe resolverse mediante encarcelamiento. La libertad vigilada, la remisión condicional o los trabajos en beneficio de la comunidad buscan generar procesos de reinserción en lugar de simple castigo. El propio sistema reconoce que castigar no siempre corrige y que, en algunos casos, incluso puede profundizar los problemas que pretende resolver.

La contradicción se vuelve aún más evidente al observar nuestras cárceles. Esperamos que rehabiliten personas en espacios que frecuentemente terminan reforzando vínculos delictivos, estigmas sociales y exclusión laboral. Castigamos esperando reinserción, pero muchas veces obtenemos exactamente el resultado contrario.

Por supuesto, tampoco podemos caer en el extremo opuesto. Una sociedad sin sanciones es una fantasía tan peligrosa como una sociedad basada exclusivamente en ellas. Las normas requieren consecuencias cuando son quebrantadas. El dilema aparece cuando el castigo se transforma en la única herramienta disponible y terminamos administrando infractores en lugar de construir ciudadanos.

Quizás la pregunta correcta no sea cuántos años de cárcel merece una determinada conducta, sino cuántos incentivos reales existen para que alguien quiera actuar correctamente incluso cuando nadie lo está observando. Después de todo, una sociedad fuerte no es aquella donde todos obedecen porque tienen miedo. Es aquella donde la mayoría entiende que respetar al otro también le beneficia a sí misma.

No deja de ser llamativo que una idea similar aparezca incluso en la tradición cristiana. En Romanos 2,4 se señala que es la benignidad la que guía al arrepentimiento, no la amenaza permanente del castigo. El mensaje es simple pero profundo, las personas suelen transformarse de manera más duradera cuando encuentran razones para hacer el bien que cuando simplemente buscan evitar las consecuencias de hacer el mal.

Esa diferencia parece pequeña, pero separa una comunidad de una simple población vigilada.