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Si la aldea es borrada, el daño irá mucho más allá de una sola comunidad beduina: profundizará el desplazamiento palestino, acelerará la expansión de asentamientos en E1 y hará que la idea de un Estado palestino contiguo sea aún menos realista.
En el corazón de Cisjordania, al este de la Jerusalén ocupada, se encuentra Khan al-Ahmar. Esta pequeña comunidad beduina palestina, habitada por alrededor de 300 miembros de la tribu Jahalin —desplazados originalmente del Néguev en la década de 1950—, enfrenta hoy una nueva amenaza inminente de expulsión y demolición.
Sin embargo, Khan al-Ahmar no es solo un poblado en el desierto: es el muro de contención geográfico que mantiene viva la posibilidad de un Estado palestino continuo y viable. Su erradicación no constituye un simple acto administrativo, sino el desmantelamiento de una red social y humanitaria, y una pieza central en un engranaje estratégico de anexión.
La importancia estratégica de Khan al-Ahmar proviene directamente de su ubicación en el área E1, un corredor de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados situado entre Jerusalén Este ocupada y el gran asentamiento israelí de Ma’ale Adumim. Durante años, Israel ha buscado desarrollar este territorio para ampliar los asentamientos y crear un vínculo inquebrantable entre Ma’ale Adumim y Jerusalén.
Si Khan al-Ahmar es demolida y sus habitantes expulsados, se facilitaría la consolidación de ese proyecto, aislando aún más a Jerusalén Este de las comunidades palestinas circundantes y debilitando gravemente la continuidad territorial necesaria para un futuro Estado palestino. En la práctica, la construcción en E1 haría mucho más difícil —si no imposible— mantener conectadas las partes norte y sur de Cisjordania, profundizando su fragmentación y socavando de manera irreversible la solución de dos Estados, un peligro del cual Naciones Unidas y organismos de derechos humanos han advertido durante años.
El contexto en el que se acelera esta amenaza es particularmente revelador. Tras los informes que señalaban que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) buscaba emitir una orden de arresto contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, este responsabilizó a la Autoridad Palestina por recurrir a los mecanismos legales internacionales y presentó estos esfuerzos legítimos como un ataque contra Israel, llegando incluso a calificar la iniciativa palestina ante los tribunales internacionales como una «declaración de guerra». Poco después, el 19 de mayo de 2026, Smotrich firmó una directiva oficial que ordenaba la evacuación inmediata y la demolición de la aldea de Khan al-Ahmar.
Las Naciones Unidas y muchos actores internacionales han rechazado estas órdenes de demolición, advirtiendo que destruir la aldea y reubicar forzosamente a sus residentes podría violar el derecho internacional. Aquí radica la más cruel de las paradojas de nuestro tiempo: mientras Palestina acude a los mecanismos pacíficos y multilaterales que ofrece el Estatuto de Roma, la respuesta que recibe es el chantaje político, la incitación y el castigo colectivo sobre el terreno.
La crisis de Khan al-Ahmar debe entenderse, entonces, como una lucha de primera línea sobre la tierra, el derecho y la realidad política. Si la aldea es borrada, el daño irá mucho más allá de una sola comunidad beduina: profundizará el desplazamiento palestino, acelerará la expansión de asentamientos en E1 y hará que la idea de un Estado palestino contiguo sea aún menos realista. Si la comunidad internacional guarda silencio frente a este despojo y permite que se intimide a la justicia internacional, validará un orden mundial donde la fuerza colonial se impone a la ley.
Defender a la comunidad de Khan al-Ahmar y respaldar la independencia de la CPI es un imperativo moral; porque si la justicia global y el derecho internacional fracasan en Palestina, su fragilidad terminará poniendo en riesgo al mundo entero.
