El Gobierno del presidente Gabriel Boric emitió un comunicado, donde indican que evaluarán la pensión de gracia que recibe una supuesta víctima de violaciones a los DDHH, la cual habría mentido al entregar antecedentes.

El Gobierno emitió un comunicado la noche del viernes, donde señala que de comprobarse que una supuesta víctima de violaciones a los derechos humanos en 2019, habría mentido en la entrega de antecedentes, se le retirará la pensión de gracia.

“De confirmarse lo planteado por el INDH, se estaría vulnerando la fe pública y dando un uso abusivo a un beneficio concebido para reparar a víctimas de la acción del Estado”, indica el comunicado.

La situación se conoció esta tarde, cuando el INDH difundió un comunicado donde explicaban el caso de una persona que denuncia haber sido víctima de violencia por parte de agentes estatales durante el estallido social, pero esta semana confesó que sus heridas fueron provocadas durante un accidente de tránsito.

“El testimonio original de la presunta víctima condujo a la presentación de una querella ante la justicia por el delito de apremios ilegítimos. Luego, por requerimiento del denunciante, el Consejo del INDH lo acreditó como víctima de violaciones a los derechos humanos para solicitar una pensión de gracia al gobierno. Esta solicitud la acogió en su momento la autoridad correspondiente y actualmente la persona recibe una pensión”, sostuvo el INDH.

Tras esto, el Gobierno confirmó que se evaluará la continuidad de la pensión de gracia, y que se revocará si se confirma que mintió, por lo que el presidente Gabriel Boric solicitará todos los antecedentes al INDH.

“Dada la gravedad de los hechos expuestos por el INDH, S.E. el Presidente de la República solicitó todos los antecedentes disponibles para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia”, afirma el comunicado de La Moneda.

“Con independencia de las acciones legales que impulse el INDH, el gobierno solicitará al Consejo de Defensa del Estado evaluar las acciones que en este caso correspondan siendo éstas, al menos, la procedencia de presentar una querella por el delito sancionado en el artículo 470 N°8 del Código Penal, esto es, obtención fraudulenta de prestaciones del Estado. Asimismo, el
gobierno solicitará evaluar las acciones necesarias para obtener la restitución de los pagos”, añade el Ejecutivo.