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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno retiró la propuesta de juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, optando por mantener otras medidas para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta decisión generó críticas en el oficialismo, con el Partido Nacional Libertario y la UDI acusando al Ejecutivo de retroceder en seguridad. Sin embargo, la oposición también cuestionó esta movida, destacando la importancia de políticas integrales para prevenir la reincidencia.

El Gobierno echó pie atrás y retiró el mecanismo que proponía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos de extrema gravedad, como homicidios o secuestros, y optó por mantener otras indicaciones para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La decisión generó críticas tanto desde el oficialismo, en medio del debate sobre cómo enfrentar la delincuencia juvenil.

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario y subjefe de bancada, Hans Marowski, acusó al Ejecutivo de retroceder en materia de seguridad y advirtió que su colectividad no respaldará el proyecto si se elimina una medida que, a su juicio, era necesaria para enfrentar el crimen organizado.

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Las críticas fueron compartidas por la UDI. El diputado Jaime Coloma calificó como “incomprensible” que el Ministerio de Justicia desistiera de una propuesta que había defendido hace solo unas semanas.

El parlamentario sostuvo que las organizaciones criminales reclutan menores precisamente porque enfrentan sanciones más bajas y adelantó que su bancada rechazará la iniciativa durante su tramitación.

Sin embargo, los cuestionamientos no provinieron únicamente desde los partidos del gobierno.

En la oposición, el diputado del PPD José Montalva también estimó que fue un error retirar la discusión sobre la posibilidad de juzgar como adultos a adolescentes que cometan delitos de extrema gravedad.

No obstante, enfatizó que el debate debe ir más allá del aumento de las penas y llamó a fortalecer las políticas de reinserción, argumentando que una estrategia integral es la mejor herramienta para prevenir la reincidencia.

Las nuevas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo continuarán ahora su discusión en el Congreso, donde el oficialismo ya anunció que buscará reponer la norma eliminada, mientras el Gobierno apuesta por reforzar el sistema de responsabilidad penal adolescente sin incorporar el mecanismo para juzgar como adultos a menores de edad.