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Hay decisiones de infraestructura que se planifican, diseñan y proyectan por muchos años y luego de construidas trascienden por décadas, cambiando al país en diferentes dimensiones. Es el caso del Puerto Exterior de San Antonio, que está en la etapa de licitación de obras después de varios gobiernos en las etapas previas y que una vez construido mejorará la competitividad de Chile en el comercio mundial.
Sin embargo, en las últimas semanas han surgido voces que plantean postergar la obra. Es preciso señalar que algunas de esas voces provienen de actores incumbentes del sistema portuario, para quienes la falta de nueva capacidad puede transformarse en una ventaja competitiva.
Como sucede en toda democracia sana, esas opiniones son escuchadas, pero en ningún caso pueden condicionar la construcción de un proyecto que sostenidamente se ha señalado como necesario para el país.
Diversas estimaciones de demanda dan cuenta que los puertos de la zona central pronto llegarán al borde de su capacidad y que ya se producen problemas de congestión en determinadas épocas del año, con una flota que ha crecido en tamaño y volumen de carga más rápido que la infraestructura que la recibe.
Sin un puerto de aguas profundas que sea capaz de recibir buques de última generación, Chile seguirá perdiendo eficiencia logística y cediendo terreno frente a alternativas regionales.
La más evidente es Chancay, en Perú: un megapuerto financiado con capitales chinos que ya opera y aspira a convertirse en el nuevo hub de transbordo del Pacífico Sur para Sudamérica. Que Chile no tenga esa capacidad no es un detalle menor: es una cuestión geopolítica de primer orden, que afecta nuestra soberanía logística y nuestra capacidad de negociar condiciones favorables para el comercio exterior.
San Antonio es, además, una obra de Estado en el sentido más literal. No es la ocurrencia de un gobierno, sino un proyecto respaldado técnicamente por administraciones de distinto signo político durante más de diez años. Ese carácter transversal le da legitimidad y debiera protegerlo de vaivenes coyunturales.
La reciente aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es un hito relevante: certifica que el proyecto cumple los estándares ambientales exigibles, tras un proceso riguroso. Con ese paso dado, la licitación está en marcha.
Los beneficios son concretos. Para el país, mayor eficiencia en el movimiento de carga, menores costos logísticos y una posición más sólida frente a la competencia portuaria regional.
Para la Región de Valparaíso y, en particular, para la provincia de San Antonio, el proyecto significa empleo directo e indirecto en la construcción y operación, encadenamientos con proveedores locales, y la oportunidad de convertir a la comuna en un polo logístico de estándar internacional, con desarrollo urbano y capacitación de mano de obra. Bien gestionado, San Antonio puede ser un caso de desarrollo territorial virtuoso, y hacia allá deben orientarse los esfuerzos.
El país ya invirtió años de estudios, un proceso ambiental riguroso y un consenso político transversal. Corresponde sostener el rumbo, avanzar con la licitación y construir el puerto que se necesita para las próximas décadas.
