"No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla" (Atribuida a Voltaire por su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall).

Chile sufre las consecuencias de un clima inmisericorde en el norte y sur del país. El temporal no distingue clases sociales ni pensamiento político. Nos afecta a todos. Todo Chile lo sufre y los costos siempre son altos en vidas perdidas y daños materiales.

Mientras, fuera aún de nuestras fronteras, otra tormenta, más silenciosa, pero no menos peligrosa, comienza a llegar con ímpetu y dinero.

Esta es una propuesta indecente, ilegal y -en nuestro país- inconstitucional. Pues confiesa que va a perseguir personas e ideas, coaccionar y destruir instituciones, a través de alterar y violentar el clima democrático en Chile y América Latina.

Más allá de la crisis evidente del sistema de partidos políticos y el cuestionamiento ciudadano a su funcionamiento, los partidos -sean de derecha, centro o izquierda- representan ideas, posiciones y son la base del sistema político, de la representación ciudadana y de sus opiniones.

Es un derecho consagrado universalmente en el siglo XXI, el que ningún sistema político, ningún Estado, ninguna dictadura o democracia puede perseguir o hacer desaparecer la libertad de expresión.

EEUU realizó una convocatoria, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, para 60 países en Washington a una cumbre que da inicio a una batalla para “combatir al extremismo de izquierda”.

Y, para ello, califica incluso de terrorismo las formas legítimas de expresión política, ya que siempre servirán a una causa de izquierda. Señalando, en sus palabras de apertura del evento, que “una bomba colocada por un grupo neonazi es ‘un acto nefasto y vil’. Lo es, pero una bomba colocada por un revolucionario marxista; bueno, eso es simplemente un trágico exceso de idealismo”.

En las estadísticas internacionales hay, en la práctica, más ataques terroristas de derecha que de izquierda. Un informe publicado el año pasado por el Center for Strategic and International Studies concluyó que los ataques de terrorismo de izquierda, hasta el 4 de julio de 2025, habían superado por primera vez en más de 30 años a los de la extrema derecha. Sin embargo, un examen más detallado de los datos revela que los incidentes de la izquierda siguen siendo bajísimos y que hubo una caída simultánea en la extrema derecha. El informe muestra que hubo un promedio de 0,6 incidentes de izquierda al año entre 1994 y 2000, frente a un promedio de 20,6 en la derecha. De 2016 a 2024, hubo un promedio de cuatro por año en la izquierda y 22,7 por año en la derecha.

Esto contradice los fundamentos de lo anunciado sin pudor alguno por Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, y es simplemente un intervencionismo político y una criminalización a las ideas que el gobierno de Donald Trump no comparte.

El plan de EE.UU. para “combatir la violencia política de izquierda” fue ratificado también por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó en sus declaraciones que “atacar a estos grupos y las redes financieras de sus entidades, es la mejor manera de enfrentarlos”.

Pero no incluye a China ni Rusia. Claro, ambos son potencias nucleares y son dos gigantes. El mensaje y la acción es contra América Latina y algo más en Europa o lo que esté camuflado en el islamismo.

A esto se debe agregar el pavor de los republicanos frente al avance electoral de los socialistas demócratas previo a las elecciones de noviembre en EE.UU.. Producto de una serie de resultados electorales de los últimos meses que están produciendo lo que los medios de Estados Unidos denominan “un giro del Partido Demócrata hacia la extrema izquierda”, situando en el liderazgo al “socialista y musulmán“ Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Hace unos días, la demócrata socialista (DSA) Melat Kiros se impuso a la congresista Diana DeGette, veterana que se postulaba para su mandato número 16 en la contienda por un escaño en el Congreso por Denver, Colorado, y sumó un triunfo más para los denominados -según los Republicanos de EEUU- “izquierdistas radicales del Partido Demócrata”. Así las cosas, estos anuncios tienen también una base en la política interna norteamericana.

La función básica de los partidos en una democracia es agrupar a quienes legítimamente adhieren a una determinada posición política-ideológica. Este anuncio es reponer, en los hechos, en Chile al eliminado artículo octavo de nuestra Constitución, que excluía y perseguía a los partidos de izquierda por el solo hecho de serlo. O la “Ley Maldita” que estableció la ilegalidad del Partido Comunista de Chile en el gobierno de Gabriel González Videla (1946- 1952).

Esto es lo que Rubio anuncia con el agravante intento, además, de perseguir y eliminar a la izquierda latinoamericana y de todo mundo, estableciendo -en los hechos- un nuevo Plan Cóndor ejecutado ya no por cinco dictaduras para exterminar y hacer desaparecer a los opositores, sino que es creado, financiado y ejecutado por un Estado que se autodenomina líder de la paz y la libertad para el mundo.

Este es un acto de atropello a la soberanía nacional. Y el gobierno del presidente Kast lo debe condenar y rechazar. Además de explicar qué hacen diplomáticos de Chile participando de encuentros de esta naturaleza en los Estados Unidos.

Solicitaré a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto de la legalidad del financiamiento de estos viajes a personal diplomático para tareas que no son propias de Cancillería.

La gravedad de esta iniciativa es el cambio del eje desde la preocupación para combatir el crimen organizado -todos unidos bajo ese precepto, dado el nivel de violencia que se ha instalado en Chile con la delincuencia- al eje de que hay que perseguir el terrorismo de izquierda, dejando de lado la tarea conjunta y unitaria del principal problema en Chile y el más demandado por la ciudadanía. Allí radica el impacto más palpable e invisible de este plan de persecución de las ideas de izquierda.

La Constitución del 80, nos guste o no, establece que ninguna empresa, sindicato u organización corporativa (nacional o extranjera) puede aportar dinero a la actividad partidaria o electoral.

Existen excepciones para ONG o fundaciones, dado que un grupo ideológico que no es un partido político, sino una Organización no Gubernamental (ONG), un centro de estudios (think tank) o una corporación cultural, nuestra ley civil general les permite postular a fondos de cooperación internacional o recibir donaciones extranjeras sólo para fines educativos, científicos o sociales.

Además, estas entidades tienen estrictamente prohibido por ley transferir esos recursos a campañas políticas o financiar actividades reservadas por la Constitución a los partidos políticos. Cualquier desvío de dinero extranjero hacia fines electorales constituye una ilegalidad severa bajo la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de los Gastos Electorales.

La democracia debe ser respetada y protegida por todos y, ante estas acciones agresivas y contrarias al libre y soberano ejercicio de todas las ideas, solo cabe condenar, denunciar y rechazar. Vienen tiempos complejos para la convivencia internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Todos sabemos cómo esto comienza, jamás cómo termina.

La defensa de la libertad de expresión es un deber que incluye también a las derechas. El silencio y velado apoyo de nuestra derecha criolla es sospechoso. Si estas acciones de Marco Rubio fueran realizadas por un gobierno de izquierda las penas del infierno serían solicitadas y todas las acciones y sanciones serían ejercidas.

Si la intransigencia mundial y la negación de la razón universal desatada por la guerra de Estados Unidos contra Irán se instala, serán días oscuros para nuestra patria. Y ya se anuncia para el próximo mes de septiembre, un encuentro de las derechas del mundo en Santiago de Chile, organizado por Vox, partido de extrema derecha en España.

Nada bueno se puede presagiar para nuestra convivencia democrática nacional con estas acciones, pues aunque no lo busquen, el discurso los traiciona y ellas son históricamente la puerta de entrada para el populismo y el autoritarismo.