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El diputado Andrés Celis recorrió algunas viviendas de El Olivar durante el temporal y concluyó que las estructuras cuestionadas, al no presentar filtraciones de agua, daban la sensación de seguridad. Puede servir para un video respecto de cualquier persona, pero no por parte de un parlamentario. Como evaluación de seguridad, carece de seriedad. Que una casa no tenga goteras no demuestra que soporte las cargas para las que fue diseñada, que resista un sismo o que cumpla las exigencias de protección contra incendios.
A esta altura, la existencia de fallas sobrepasa a la política que lamentablemente, una vez más, no da el ancho. Los paneles de las viviendas no cumplen las condiciones mínimas para asegurar casas de dos pisos. La geometría, la estructura y los anclajes no corresponden a la documentación aprobada y que se debía ejecutar -y no se hizo-.
En simple, las viviendas incumplen aspectos básicos, que sin perjuicio a que reparar es teóricamente posible, pero que igualmente exigiría deconstrucciones extensas, demoliciones parciales e intervención de elementos estructurales, con costos y plazos cercanos a una reconstrucción y sin asegurar la misma certeza que una obra nueva y en forma.
Utilizar la inexistencia de filtraciones en algunas viviendas, esconde el problema real, más cuando, pocos días antes, equipos técnicos constataron la separación de una losa, la salida de anclajes y luego la caída total de otro muro en viviendas del proyecto.
El video del parlamentario solo reduce el problema a la ausencia de filtraciones e invisibiliza a quienes no están pidiendo lujo ni privilegios, sino el cumplimiento mínimo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y las normas sísmicas y de resistencia al fuego. Un parlamentario puede fiscalizar, exigir plazos y recorrer obras. Lo que no puede hacer es certificar seguridad mediante una inspección visual sin conocimientos sobre la materia y sin respaldo técnico.
La misma lógica de exclusión es justamente la que está aplicando el puñado de vecinos que buscan acallar a la gran mayoría de los damnificados que buscan solo lo razonable: viviendas en buen estado.
La Fundación Fuerza Ciudadana solicitó que fueran oídos como terceros independientes, porque las decisiones sobre conservar, reforzar, demoler o entregar estas viviendas afectan su seguridad, su patrimonio y su vida familiar. Su pretensión es lógica: recibir hogares seguros, dignos y durables. Sin embargo, la representación de algunos recurrentes pidió expresamente a la Corte rechazar su incorporación a la causa, lo que deja mucho por desear.
El efecto práctico de esa petición es intolerable: que unas víctimas tengan voz y otras deban guardar silencio solo busca tener el monopolio del dolor y adjudicarse una representación que carecen sobre El Olivar. En estructuras compartidas, como los cuatripareos, la decisión de una familia puede comprometer materialmente a sus vecinos. Negarse a oírlos no acelera una solución; solo pretende excluir del debate a quienes exigen que su futura casa no sea un riesgo.
Y si, como se ha denunciado, perforar un muro para poner un simple clavo puede hacer perder la garantía —antecedente que la constructora debe aclarar públicamente—, estaríamos ante una confesión brutal: se pretende llamar hogar a una construcción que sus habitantes no podrían usar como tal. Una vivienda no es un invernadero. Es el lugar donde se cuelgan fotografías, crecen niños y envejecen personas.
Lo que sí comparto es que las familias no deben escoger entre rapidez y seguridad. Tienen derecho a ambas. Y la solución definitiva exige plazos, información, certificación independiente de expertos (no de un parlamentario) y viviendas correctamente ejecutadas desde su origen.
Seriedad significa algo elemental: ningún video reemplazará la ingeniería, ninguna llave antes de la certeza y ningún recurso judicial debe ser utilizado para silenciar a la familia que vivirá al otro lado del mismo muro.
