"Agradecemos que el Ministerio Público y el fiscal haya abierto de oficio una investigación para determinar responsabilidad en estas filtraciones", indicó el subsecretario.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó duramente las filtraciones de antecedentes de la carpeta investigativa por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y destacó que la Fiscalía abriera una indagatoria para hallar a los responsables.
Esto, luego de que se diera a conocer que uno de los sospechosos del crimen, Walter Rodríguez Pérez, trabajó en 2015 para Tareck El Aissami, quien entonces era gobernador del Estado de Aragua, en Venezuela, y que posteriormente fue vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, entre 2017 y 2018.
Al respecto, Monsalve afirmó que “la filtración es grave porque coloca en peligro todos estos elementos: la vida de las víctimas, la vida de los testigos, el éxito de la investigación, la posibilidad de encontrar a los responsables y de castigarlos”.
“No se puede permitir las filtraciones en investigaciones de esta naturaleza. Por eso nosotros somos muy partidarios (…) que se investigue de dónde salen las filtraciones y que se sancionen las filtraciones”, sostuvo.
“Agradecemos que el Ministerio Público y el fiscal haya abierto de oficio una investigación para determinar responsabilidad en estas filtraciones”, agregó.
Gobierno critica filtraciones por caso Ojeda
Las declaraciones de Monsalve van en línea con lo expuesto por la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la sesión especial que se desarrolló este miércoles en el Senado.
La secretaria de Estado indicó que “es atendible que se evalúe, por parte de la Fiscalía, que se investigue a los funcionarios que pueden estar detrás de estas filtraciones. No a los periodistas, ciertamente, pero sí a los funcionarios”, advirtió.
Tohá también señaló que “con esta filtración lo único que se hace es exponer a las personas que colaboran con las investigaciones”.
Apropósito del caso Ojeda, el Ejecutivo hizo un llamado a tramitar prontamente la Ley de Inteligencia, tal como planteó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. El proyecto se encuentra sin avance en la Cámara de Diputados desde 2018.
