"Si queremos aprender de las experiencias pasadas, lo mínimo es contar con un debido registro", aseguró Martín Arrau.
Más de 20 exconstituyentes de Chile Vamos y del partido Republicano enviaron una carta para exigir al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, cumplir con la obligación constitucional y reglamentaria de archivar y publicar las actas del trabajo de los plenos y comisiones de la Convención Constitucional conformada en 2021.
“Con extrañeza y estupor hemos comprobado que todas las actas del trabajo y desarrollo de los plenos y comisiones de la Convención Constitucional no se encuentran disponibles en la web de la Convención (www.chileconvencion.cl), ni en el Archivo Nacional, como exige la Constitución y el Reglamento General de la Convención Constitucional”, dice la misiva firmada por 21 exconvencionales (y el exjefe de asesores) de Republicanos, la UDI e independientes.
Martín Arrau, uno de los firmantes y hoy vicepresidente de Republicanos, destacó que “cuidar la historia legislativa de un país es crucial para resguardar su identidad legal y cultural”.
Según añadió Arrau dicho registro es “importante para los chilenos”, ya que son “el testimonio de propuestas ideológicas nocivas y superadas, pero que seguimos viendo en parte de la izquierda más refundacional y en propuestas como la diferenciación por nacionalidad u orientación sexual en las reglas del uso de la fuerza”.
“Si queremos aprender de las experiencias pasadas, lo mínimo es contar con un debido registro”, aseguró Martín Arrau.
El exconstituyente Alfredo Moreno, detalló que “sobre la Segpres recayó la obligación de prestar este apoyo técnico y administrativo, que incluía la obligación de contar con un sistema de archivo y gestión documental, medida que en su momento acordamos todos por la importancia que reviste este registro mínimo. Además, una vez concluida la Convención, existía la obligación de remitir este registro al Archivo Nacional, lo que evidentemente no se ha cumplido”.
“Estamos pidiendo al ministro que cumpla con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, porque lo mínimo que los chilenos pueden pedir después de la farra constitucional, es que los documentos, las actas, los acuerdos y las decisiones que se adoptaron estén disponibles para las personas, para académicos y autoridades. No es posible que, trascurrido más de un año desde el plebiscito del 4 de septiembre, aún no se tenga acceso”, añadió la exconvencional Constanza Hubbe.
