La respuesta de Contraloría se da luego de un requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios, tras las polémicas reuniones de ministros y ministras en casa de Zalaquett.
La Contraloría General de la República emitió un instructivo para “perfeccionar” los criterios sobre lobby, luego del requerimiento que presentaron los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo respecto de las reuniones de algunos ministros y ministras en la casa del exalcalde y lobbista, Pablo Zalaquett.
Una denuncia similar formularon las diputadas y los diputados: José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Mauro González, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, Leonidas Romero, Sofía Cid, Hugo Rey, Andrés Celis, Carla Morales y Jorge Durán; y los particulares, Pablo González Martínez, Juan Plaza Aguilar y Francisco Arnado Bastías.
Al respecto, el documento del órgano contralor advierte que “se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado”.
“Sin embargo, a la fecha, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo exigen la ley y la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ya reseñada”, añade el análisis de Contraloría.
Desde el órgano contralor mencionaron que “las autoridades que concurrieron a las reuniones de que se trata, invocan al efecto los criterios interpretativos de la propia jurisprudencia de esta Entidad de Control, y sostienen que, conforme a ellos, omitieron dejar constancia de tales actividades”.
“En consecuencia, a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos”, manifiesta Contraloría.
Finalmente, y con el objetivo de reforzar la aplicación de los principios de probidad y transparencia que informan a la ley N° 20.730, “se procederá a perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría General en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley”.
Reuniones en casa de Zalaquett
Respecto a este tema, uno de los diputados que hizo el requerimiento, Andrés Celis (RN), dijo que está “absolutamente desilusionado, consternado, impactado e impresionado por la práctica amateur en el incumplimiento estricto de la ley y de la falta evidente a la probidad y transparencia, dejando de lado y en el abandono absoluto como el estándar mínimo exigible a reuniones que debieron regirse por la ley del lobby, tal como lo señala la Contraloría General de la República por parte de estos Ministros y Ministras”.
“Lo lamento profundamente y espero que el presidente Boric aplique las sanciones correspondientes, teniendo como mínimo la renuncia de todos los involucrados para evaluar la gestión de manera individual de cada uno de los involucrados”, agregó el parlamentario.
Por su parte Sofia Cid, parlamentaria de Renovación Nacional, comentó que “lo que queda claro es que el Gobierno que se auto etiquetó como una moral superior por sobre todos nosotros, está bastante en deuda con la ciudadanía y ha resultado ser poseedor de estándar ético más bajo que las anteriores administraciones”.
