El 19 de diciembre, diputados del Partido Social Cristiano, del Partido Republicano y del Partido de la Gente, ingresaron la Acusación Constitucional contra el ministro Carlos Montes.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó esta jornada su respuesta a la Acusación Constitucional plasmada por diputados de oposición, en la que apela a una “falta de méritos” en el libelo acusatorio.
Según informó Meganoticias, la defensa de Montes, acusado por su supuesta responsabilidad en la ocurrencia de tratos directos entre el Minvu y fundaciones privadas, cuenta con 175 páginas y fue presentada por el abogado, Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
“Entregamos anoche la respuesta a la acusación”, expresó el secretario de Estado. y agregó que “en las próximas horas” el mencionado abogado va a anunciar la manera en que se darán a conocer los detalles de la respuesta a la acusación.
Agregó que “es una respuesta muy sólida que ustedes tendrán la oportunidad de de conocer” y que va a estar “en el debate en sala, voy a estar ahí junto al abogado en el momento de presentación del alegato”.
Cabe recordar que el 19 de diciembre, diputados del Partido Social Cristiano, del Partido Republicano y del Partido de la Gente, ingresaron la Acusación Constitucional contra el ministro Carlos Montes.
La AC se desarrolla bajo cinco capítulos:
El primer apunta a la responsabilidad constitucional del ministro, al haber “dejado de ejecutar los artículos 3°, inciso segundo y 11 de la ley 18.575”. Es decir, por no “ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”. El mismo capítulo agrega que se le acusa por “no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023”.
El segundo punto dice que hubo responsabilidad de Carlos Montes “al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.
En tanto, el capítulo tercero acusa al ministro de infringir el artículo 62 n°8 del decreto con fuerza de ley que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575.
El capítulo cuarto acusa al ministro Carlos Montes por haber infringido el artículo 8 inciso primero de la Constitución.
Mientras que el quinto punto dice que existe responsabilidad constitucional del ministro por la infracción de la norma que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.
