Los parlamentarios piden además "que se establezca una cárcel especializada y de alta seguridad destinada al encarcelamiento de los integrantes de bandas del Crimen Organizado".
Diputados oficialistas, encabezados por Raúl Soto (Partido por la Democracia), ingresaron una solicitud de resolución para que el Gobierno decrete estado de excepción constitucional de carácter nacional, luego del ataque con granada contra una carabinera en la región Metropolitana.
Asimismo, propusieron activar una “operación rastrillo”, para llevar a la justicia o expulsar extranjeros irregulares que están cometiendo delitos; y la creación de una cárcel especializada y de alta seguridad para el crimen organizado.
“Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. Nuevas formas delictuales mucho más violentas, e importadas de otros países, están afectando la seguridad de los ciudadanos de nuestro país”, aseguró el diputado del PPD.
El escrito está firmado por los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND- PPD), Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND-Democracia Cristiana), Eric Aedo (DC) y Ruben Oyarzo (Partido de la Gente).
“Si bien el gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado, y lo valoramos, todo lo que se está haciendo es insuficiente porque el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, estaba años atrasado”, agregó Raúl Soto.
El parlamentario agregó que “llegó la hora de actuar, llegó la hora de ponernos los pantalones para enfrentar con decisión y librar una batalla frontal a la delincuencia y al crimen organizado”.
Dijo además que “la crisis de seguridad no tiene color político, acá hay parlamentarios de centro e izquierda. El enemigo está en las calles, delinquiendo y trayendo inseguridad a nuestro país”.
De igual manera, Soto hizo un llamado “a la unión y echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situación ahora”.
En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) agregó que “estamos enfrentando un momento que es absolutamente dramático. Cuando presentamos el proyecto de ley de legítima defensa privilegiada para carabineros, la ley Naín-Retamal nos acusaron de gatillo fácil y pucha que ha servido”.
El socialista también destacó que “el subsecretario del Interior ha estado desarrollando una tremenda labor”, resaltando que fue a Venezuela “a tratar de sacar los acuerdos internacionales para saber quiénes son cada uno de estos delincuentes, pero con estas medidas de largo plazo también requerimos medidas urgentes y de schock”.
En esa misma línea, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) manifestó que “los vecinos necesitan tranquilidad, seguridad, y un estado de excepción, porque no puede ser que en Pudahuel aparezcan dos cuerpos descuartizados, no puede ser que en Estación Central estén secuestrando personas, no puede ser que en Pudahuel o en Cerrillo se hagan portonazos con niños de cinco o seis años en sus vehículos, y que los niños aparezcan solos después”.
En particular, la resolución pide que “decrete Estado de Excepción Constitucional de Emergencia de carácter nacional, con focalización en las regiones y ciudades con mayor incidencia delictual y presencia del Crimen Organizado”
Además, pide que se “mandate al Ministerio del Interior la coordinación de las Policías y el Ministerio Público para la realización de una “Operación Rastrillo” a lo largo de todo el país que permita encontrar y llevar ante la justicia o expulsar a los migrantes irregulares que están cometiendo estos delitos”.
Por último, se solicita “que se establezca una cárcel especializada y de alta seguridad destinada al encarcelamiento de los integrantes de bandas del Crimen Organizado”.
