Desde la PDI, el subprefecto Hassel Barrientos se refirió a la evolución del delito de secuestro en el país y a los proceso de negociación que calificó como algo en que se debe ser "muy cautelosos". Asimismo, el detective explicó los protocolos y aseguró que "no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio".
Ante el aumento de fenómenos de criminalidad como el secuestro en el país, las autoridades respectivas han adoptado una serie de medidas en una problemática que, dicen, está vinculada a la instalación del crimen organizado.
Recordemos que durante la jornada de ayer, la Fiscalía anunció la creación del “Fono Homicidios” para que los funcionarios policiales tomen contacto telefónico directo con el Ministerio Público en este tipo de casos.
El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, abordó el tema y dijo que en el año 2021 existió “un de inflexión donde vimos la evolución del delito”.
Según comentó a ADN, las investigaciones iniciales arrojaron antecedentes de bandas que “estaban compuestas por personas que venían desde el extranjero y, muchos de ellos, en condición migratoria irregular”.
Dichos delitos “enfocados hacia personas de su misma nacionalidad, y posteriormente, ante el aumento de la frecuencia de estos casos, tuvimos que evolucionar cómo abordarlo”, detalló.
“El año 2022 logramos desbaratar más de 9 bandas criminales ligadas a este delito, además de dos operaciones”. En concreto, la operación Clandestino y operación Caracas, que permitió “desbaratar estructuras que estaban ya situando el delito de secuestro como un medio de lucrar en el país”, indicó.
Dichos de la ministra Tohá sobre pago por rescate tras secuestro en Rancagua
Además, el subprefecto Barrientos se refirió a las cuestionadas declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien confirmó que “sí se pagó” por el rescate del empresario Rudy Basualdo (50).
“Esta es una investigación muy delicada, muy reservada y hay que ser muy cautelosos, sobre todo en el proceso de negociación”, comentó.
Sobre eso, el detective detalló las tres fases en los protocolos de la Policía de Investigaciones (PDI). En primer lugar, “está dirigida a abocar todos los medios técnicos y humanos a la liberación de la víctima sana y salva”.
“La segunda es para identificar y situar a los autores de este delito, y la tercera es la operación policial destinada a la detención y desbaratar a la estructura que está detrás de los delitos de secuestro”, sostuvo.
Negociación en caso de secuestros
Sobre la negociación, Barrientos enfatizó en que “nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio, no obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan”.
“Triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras, hacia el extranjero (…) nosotros no podemos negar que la familia, quizás, en forma paralela, pueda realizar un pago por la liberación de su familiar en cautiverio”, añadió.
Sobre ese delito en específico, el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros dijo que “hay un aumento evidente” y la PDI tiene “118 concurrencias por delito de secuestro en lo que va de este año”.
“Sólo en 45 pudimos establecer, de acuerdo a la primera fase de la investigación, que correspondía a secuestros reales”, precisó.
Finalmente, Barrientos concluyó que “las autoridades hacen encargos en redes sociales, donde se publica mucha información de la persona extraviada, y eso muchas veces es mal utilizado por los criminales y o al interior de centros penitenciarios”.
