La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, envió un oficio a la Corte Suprema, para que se pronuncie sobre el proyecto alternativo que ella y otros legisladores presentaron para reformar a las Isapres y cumplir el fallo del máximo tribunal del país.

La senadora Ximena Rincón salió a defender este martes el proyecto alternativa de reformas a las Isapres, que busca establecer un marco de ejecución del dictamen de la Corte Suprema, sin la restitución de los dineros cobrados indebidamente y la opción de realizar esta devolución con prestaciones de salud.

La parlamentaria envió un oficio a la Corte Suprema la noche del martes, preguntando por una certificación o pronunciamiento sobre su iniciativa.

“Frente a una serie de afirmaciones que a lo único que ayudan es a desinformar a la ciudadanía e instalar mentiras y falsedades, estoy dirigiendo un oficio a la Corte Suprema en la que solicito un pronunciamiento acerca de si nuestro proyecto de Reforma Constitucional se ajusta a la sentencia de nov 2022 de la Corte Suprema”, declaró la legisladora.

De acuerdo a Rincón, el Gobierno no ha leído bien el proyecto puesto que no consiste de ninguna manera un perdonazo y precisando que las Isapres deben pagar.

El texto cumple con no permitir el alza de precios, según la legisladora del partido en formación Demócratas; y cumple también con que se respete la tabla única de factores, aunque cuando el máximo tribunal pide dejar sin efecto para todos los contratos, el proyecto busca que tenga ‘un efecto general’.

Rincón calificó como ‘mentiras y falsedades’ los duros cuestionamientos que ha recibido la iniciativa.

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El Gobierno envió un mensaje claro. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en una transmisión oficial de la cuenta de la ministra vocera, Camila Vallejo, que el proyecto de la oposición busca evitar que entre en efecto el fallo; mientras que el jefe de la Segpres, Álvaro Elizalde, afirmó que no comparten la reforma y recordó que requiere un quórum alto en sala.

Esta postura fue ratificada por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien aseguró que el proyecto alternativo busca evadir el cumplimiento de la resolución del máximo tribunal.

La ley corta del Gobierno otorga seis meses a las Isapres para definir un mecanismo de devolución de los cobros indebidos y otros seis meses para que el comité de expertos evalúe la factibilidad.