En tropiconce no sólo el clima está loco: también afectó a sus autoridades

Por años se ha repetido que toda autoridad merece respeto. La afirmación es correcta, pero insuficiente. La autoridad no solo debe ser respetada; debe hacerse merecedora de ese respeto a través de su conducta, sus prioridades y el ejemplo que proyecta hacia la comunidad.

Ser autoridad va mucho más allá de ejercer atribuciones legales o administrar recursos públicos. Significa asumir una responsabilidad superior frente a quienes han depositado confianza en una persona para conducir los asuntos colectivos. El nombramiento o la elección entregan poder; la legitimidad, en cambio, se construye día a día mediante el carácter, la prudencia y la capacidad de poner el interés general por encima de las conveniencias personales.

La verdadera autoridad surge cuando una comunidad reconoce en quien la ejerce, virtudes que inspiran confianza y orientación. Por eso la investidura no es solamente un cargo; es una forma de entender el servicio público. Exige una manera distinta de actuar, de comunicarse y también de enfrentar los conflictos. Quien ocupa una posición de liderazgo institucional deja de representarse exclusivamente a sí mismo y pasa a representar a una ciudad, una región y a las personas que esperan soluciones concretas a sus problemas.

Sin embargo, algo parece haberse extraviado en la comprensión de ese deber. Hoy abundan las conferencias de prensa, las publicaciones en redes sociales que rasgan vestiduras -dignas de una novela de Corín Tellado- y las polémicas personales; pero escasean las señales de liderazgo frente a los problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Resulta preocupante observar cómo algunas autoridades terminan absorbidas por controversias sentimentales, disputas privadas o escándalos que poco tienen que ver con las responsabilidades para las cuales fueron elegidas. La ciudadanía no necesita alcaldes y delegados presidenciales que hagan noticia por sus relaciones afectivas. Necesita autoridades que hagan noticia por las inversiones que consiguieron, por los empleos que ayudaron a generar, por los proyectos que destrabaron o por los problemas que fueron capaces de solucionar.

Por supuesto, toda persona tiene derecho a defender su honra y su dignidad. Eso no está en discusión. Pero quien ejerce una función pública también tiene el deber de comprender que el respeto de la ciudadanía se gana.

Conviene recordar algo elemental: los alcaldes fueron elegidos para resolver los problemas de sus ciudades, no para transformar sus cargos en tribunas desde donde ventilar conflictos sentimentales, recriminaciones personales o disputas propias de una teleserie. Los problemas amorosos, por complejos o dolorosos que sean, pertenecen al ámbito privado y tienen espacios institucionales para ser abordados: la terapia de pareja, la mediación familiar o los tribunales de justicia, cuando corresponda.

Lo que ciertamente no corresponde es convertir municipalidades, edificios públicos o la sede del Gobierno Regional en escenarios de gritos, desahogos y controversias que nada aportan a la vida de quienes esperan respuestas sobre empleo, seguridad, inversión y calidad de vida.

La investidura obliga a una conducta distinta, porque obliga también a una forma distinta de pensar. La verdadera autoridad comprende que el cargo no le pertenece; pertenece a la institución que representa y a las personas que depositaron en ella su confianza. Por eso debe ejercer templanza cuando otros buscan espectáculo; prudencia, cuando otros buscan protagonismo y altura de miras, cuando la discusión amenaza con caer en la frivolidad.

Del mismo modo, aunque el Presidente de la República genere adhesiones o rechazos, el respeto a la institución presidencial no constituye un acto de simpatía personal. Es una expresión de respeto hacia la institucionalidad democrática. Las autoridades pasan; las instituciones permanecen. Por esto un alcalde y un delegado presidencial, con mayor razón, deben tener presente eso, antes de realizar espectáculos de farándula en actividades oficiales, donde se encuentra el Presidente de la República y 14 gobernadores regionales.

Quizás el episodio más ilustrativo de esta confusión entre lo público y lo privado ocurrió cuando una actividad institucional, destinada a abordar los desafíos de la región y realizada en presencia del Presidente de la República, terminó eclipsada por recriminaciones y acusaciones derivadas de un conflicto de carácter personal.

De pronto, el foco dejó de estar en el desempleo, en la inversión, en las obras pendientes o en el desarrollo de las regiones. La atención se trasladó hacia asuntos cuya relevancia se limita exclusivamente a quienes se encuentran involucrados en ellos.

Allí radica el problema de fondo. No porque las personas carezcan del derecho a defender su honra; sino porque una autoridad debe comprender que existe una diferencia entre la vida privada y la responsabilidad pública. Cuando esa frontera se borra, las instituciones terminan utilizadas como escenario de disputas que nada tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía.

Tal parece que en Concepción no solo el clima esta loco, a algunas de sus autoridades se les olvidó que se debe actuar de acuerdo a la investidura. Se necesita que se dediquen a gestionar, no a pelear sobre el honor o deshonor de una persona; mucho menos que lo hagan en una actividad pública.

Y si se van a tirar la loza por la cabeza esperen a que no esté el Presidente de la República y 14 gobernadores de todo el país para hacerlo. Con estas autoridades, Tropiconce se está transformando en el Macondo del sur de Chile.

Los seguidores de Kast lograron traer la Nueva Jerusalén a Aníbal Pinto esquina O’Higgins, donde moros, cristianos y evangélicos luchan por un puesto no tan santo.