Carabineros informó que su personal territorial asiste sólo una vez al año a polígonos de tiro, a recibir instrucción de armamento de fuego. La institución confirmó que se retomó el uso de subametralladoras UZI, cuya utilización se restringió luego del asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez, en 2011.

La subametralladora automática UZI tiene la particularidad que puede ser de tiro a tiro o ráfaga, con cargadores que van desde 25 a 30 balas y excelente precisión para quien la sepa ocupar.

Y este punto fue clave respecto de la decisión que tomó Carabineros el 30 de octubre de 2016, bajo el gobierno de Michelle Bachelet y cuando la institución la dirigía Bruno Villalobos.

Según documentos catalogados como “secretos”, a los que accedió Radio Bío Bío, se puede constatar que su utilización se reguló ante varios casos que demostraban falencias o uso desmedido. Uno de ellos en 2011, cuando el entonces sargento Miguel Millacura asesinó al estudiante de 16 años, Manuel Gutiérrez.

Siete años después, el porte del subfusil UZI reabre el debate sobre la preparación de los funcionarios, en medio de la tramitación de un proyecto de ley denominada como “gatillo fácil” y luego de años de cuestionamientos, por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el estallido social.

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Enrique Monrás, confirmó que el personal territorial va sólo una vez al año a los polígonos de tiro, a recibir instrucción de armamento de fuego.

Sobre el uso de las UZI, si bien se han generado cerca de 2 mil cupos nuevos para personal territorial desde octubre de 2022, la utilización sigue siendo restringida desde 2016, ya que para subirla a un vehículo se necesita cumplir con una serie de requisitos, e incluso autorizaciones específicas de oficiales de nombramiento supremo, en algunos casos.

El abogado Daniel Soto, ex coronel de Carabineros y que se mantuvo 26 años en la institución, advirtió que la policía uniformada no está otorgando el entrenamiento adecuado a su personal y no se ha actualizado a los requerimientos que exige la sociedad hoy en día.

Esta situación, según Soto, está supeditada a una crisis institucional, de conducción y liderazgo de los altos mandos, que finaliza en casos como el estallido social, donde la mala formación facilitó el uso desmedido de la fuerza, brutalidad policial y vulneración de derechos fundamentales.