A un día de una nueva controversia por los dichos y acciones del diputado Gonzalo De La Carrera, volvió a activarse en el Congreso Nacional el debate sobre las formas en que se puede destituir a un parlamentario o parlamentaria.
La relación del diputado Gonzalo de la Carrera con el resto de la cámara está en su peor momento. Almuerza con su asesora, no forma parte de los debates y constantemente tiene ‘encontrones’ furtivos con parlamentarios en los pasillos y en los ascensores de la corporación.
Todo esto sin entrar aún a la vez que le agarró la oreja al diputado socialista, Daniel Manoucheri, o cuando habría insultado al Presidente de la República, Gabriel Boric, o cuando denostó a la exministra Izkia Siches, a la diputada Marcela Riquelme, y dio un golpe de puño en el rostro al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda.
Ya no da para más y un camino alternativo ya tiene impulso. El Gobierno confirmó que ingresará una urgencia al proyecto de reforma del Partido Socialista, para establecer la figura de la destitución en caso que un parlamentario ejerza violencia sobre otro.
Pero además, el PC presentó un proyecto en enero que tiene el mismo efecto para discursos y comentarios que ‘inciten al odio’. El diputado Luis Cuello, dijo que ese tipo de intervenciones de parlamentarios ‘no es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión’.
Era un debate sobre la inexpropiabilidad de fondos. La diputada de Comunes, Emilia Schneider, comentó que las AFP ‘no tenían tan buenos números como dice el diputado De La Carrera’.
La respuesta del diputado fue que Schneider no podía hablar de mentir porque defendía el derecho al aborto y el derecho menstruante, siendo que es una mujer trans.
José Meza dijo que la bancada del Partido Republicano condenó el hecho y que eso lo pueden confirmar los asistentes al comité legislativo que discutió el conflicto minutos después de ocurrido.
El diputado de la misma bancada, Luis Fernando Sánchez, alertó que no se puede dejar en manos de ‘un burócrata’ del que no se conocen sus intenciones y que pueda con fines políticos querer destituir a un diputado.
Este es el argumento de la soberanía electoral. Al expulsar a un parlamentario, se está causando un perjuicio al efecto del voto y a la deliberación democrática de todos quienes, en el distrito 11, votaron por De La Carrera.
Pero pese a que Jaime Naranjo integra la bancada del PS, que presentó el proyecto, no significa que no reconozca debilidades: Dice que el problema principal es que el informe de la Comisión de Ética que pueda establecer la expulsión de un diputado, debe ser revisado por un ente externo, como la Corte Suprema.
El Gobierno a través de sus ministras, Ana Lya Uriarte y Antonia Orellana, envió un duro mensaje contra el diputado De La Carrera, apuntando que solo se conoce por sus acciones y no por su trabajo parlamentario, y que su ‘mensaje de odio’ daña a las familias con niños y niñas trans.
Uriarte dijo que acompañarán el trámite del proyecto con una urgencia para que sea conocido en detalle por la Corporación, y Orellana pidió que el Congreso tome medidas, recordando que al diputado ya se le ha multado en dos ocasiones.
La próxima semana la Comisión de Ética obrará de oficio para conocer un nuevo caso que involucra al parlamentario, que actualmente no forma parte de la bancada del Partido Republicano.
Desde esa bancada precisan que no tienen relación política con él, pero es efectivo que utiliza cupos en las comisiones de Minería y Energía y la de Economía, gracias a los cupos cedidos por esa bancada en el marco del acuerdo administrativo.
En ética reconocen que el reglamento ya encontró su límite con el parlamentario, pero se avecina un profundo debate que va más allá del nombre de De la Carrera.
Ya existe el mecanismo del desafuero, que ha provocado salidas de diputados en el pasado, pero la visión de los más críticos es que el camino judicial no puede ser el único, para el caso de un parlamentario que muchos no quieren ver más en la corporación.
