Un proyecto de ley pretende que la Fiscalía pueda iniciar investigaciones de oficio por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado, sin esperar que el Ministerio Público interponga una acción judicial. Esto se da luego de las últimas declaraciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien adelantó próximos episodios de sabotaje en la Macrozona Sur.
Los senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot presentaron un proyecto para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación de oficio por delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley 12.927, el Ministerio Público puede dar pie a las indagatorias sólo “por denuncia o querella del Ministerio del Interior, del Intendente Regional respectivo o de la autoridad o persona afectada”.
La iniciativa del comité RN se da en medio de las polémicas declaraciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien anunció nuevos hechos de sabotaje en la denominada Macrozona Sur.
Si bien el Ejecutivo descartó presentar una nueva querella por este hecho, lo que despertó las críticas de la oposición y de determinados sectores del oficialismo, finalmente se optó por ampliar acciones que ya estaban en curso.
Por esto, el proyecto pretende incorporar a la ley que “sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación penal cuando corresponda”.
“La delincuencia y la erradicación de la violencia terrorista requiere de una acción oportuna y decidida de la justicia, especialmente cuando existe una amenaza evidente contra el país y sus habitantes”, señaló la senadora Carmen Gloria Aravena.
Por su parte, García Ruminot indicó que “aquí pasaron semanas en las que el Gobierno se opuso a establecer una querella contra una persona que pertenece a una organización criminal y que sigue llamando públicamente a cometer delitos”.
LSE: proyecto busca que Fiscalía también pueda querellarse
Por otro lado, un grupo de diputados DC e independientes ingresaron un proyecto para que el Ministerio Público también pueda querellarse ante hechos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.
“La Ley de Seguridad del Estado es una muy buena herramienta para poder combatir graves actos delictuales. Por ello, no puede estar supeditada sólo a la decisión política o ideológica del gobierno de turno”, expresó la Joanna Pérez.
La propuesta también fue respaldada por Eric Aedo, Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio y Andrés Jouannet.
Según Calisto, el gobierno de Gabriel Boric “tiene debilidad ante el terrorismo y es complaciente con los grupos que atentan contra la seguridad del país y la tranquilidad de las familias”.
“Nosotros creemos que cuando el Presidente de la República no reacciona frente a grupos terroristas y señala que tienen derecho a transmitir ideas, estamos en el peor de los mundos y tenemos que entregar a alguien la facultad de poder querellarse”, cerró.
