Las comisiones de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores del Senado aprobaron este lunes el Acuerdo de Escazú, por lo que el proyecto será visto este martes por la Sala de la Cámara Alta.
El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas, avanzó este lunes en el Senado y será votado mañana martes en la Sala de la Cámara Alta.
Por siete votos a favor y dos abstenciones, las comisiones de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobaron en una votación conjunta el pacto, una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric y una de sus primeras medidas.
Está previsto que el pleno discuta y vote la tarde del martes el proyecto, que luego tendrá que ser visado por el presidente Boric para su entrada en vigor.
“Es una muy buena noticia para el país que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado”, indicó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
La secretaria de Estado agregó que el acuerdo brindará “mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que vivimos: la crisis climática, la crisis de biodiversidad y contaminación y la crisis social”.
Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entró en vigor el pasado abril y ya ha sido ratificado por 12 países, aunque originalmente fue firmado por 24.
En caso de aprobarse finalmente, Chile se unirá a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Durante el gobierno anterior, Sebastián Piñera que había sido uno de sus principales impulsores durante su primer mandato (2010-2014), pero en su segundo periodo (2018-2022) se negó a firmarlo.
Una semana después de asumir el cargo, en marzo pasado, Boric envió al Parlamento el proyecto de adhesión a este importante tratado internacional para Latinoamérica, la región más mortífera para los defensores ambientales, según la ONG Global Witness.
