La futura ministra de Minería, Marcela Hernando, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando dejar “sin efecto” la polémica licitación de una serie de inmuebles de la Empresa Nacional de Minería. Según el escrito, que aún no ha sido declarado admisible por el tribunal de alzada capitalino, el proceso es “ilegal y/o arbitrario''.
La diputada radical, Marcela Hernando, presentó este miércoles un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Enrique Valdivieso, buscando dejar “sin efecto” la polémica licitación de una serie de inmuebles de la estatal.
En concreto, la futura ministra de Minería busca “suspender el proceso de licitación en curso” buscando evitar “las graves consecuencias que se ocasionaría al patrimonio de todos los chilenos” dicha venta.
“Las condiciones en las cuales es publicado el proceso de venta antes señalado, constituyen en sí una vulneración de los principios de transparencia en los procesos y el cuidado de los bienes públicos que les son encomendados a las autoridades de turno, y que constituyen las reglas basales de toda decisión de esa naturaleza”, señala el escrito.
Proceso no autorizado
A juicio de la parlamentaria, este proceso no contó con la autorización del gobierno corporativo de la estatal. “El directorio de esta institución no fue consultado ni consta en ninguna de sus actas dicha autorización”, consigna el documento.
Esto, quedaría en evidencia -agrega el texto- en una carta enviada a la futura ministra por el vicepresidente ejecutivo de la firma, Enrique Valdivieso.
En la misiva, Valdivieso le comunicó a Hernando que en octubre de 2021, en la sesión N° 1232 del directorio, se abordó el tema en “profundidad”, quedando en el acta de aquella reunión que “respecto a los activos no mineros que la administración debe actuar con prudencia”.
Otro punto en cuestión es el valor de los edificios. “Llama poderosamente la atención que el precio de la postura mínima se aleja en demasía del valor de la tasación fiscal del inmueble que es hoy el edificio corporativo de Enami, toda vez que éste está tasado en poco más de seis mil millones de pesos y la postura mínima fue fijada sólo en cuatro mil trescientos cincuenta millones de pesos”, plantea el recurso.
Junto a lo anterior, el proceso en cuestión también podría tener implicancias en el “buen servicio” de la empresa. Esto porque “algunas de estas propiedades han sido bienes inmuebles comprometidos con negociaciones y acuerdos gremiales que requieren, por razones de buen servicio, el acuerdo de las partes para cambiar su uso o, como en este caso, proceder a su enajenación”.
Lo anterior, expone la parlamentaria del norte del país “tampoco se realizó”.
Nueva administración decidirá
Por último, el documento refuta una entrevista realizada al vicepresidente ejecutivo de la Enami, Enrique Valdivieso, publicada en el diario El Mercurio. En ella el funcionario de la estatal señala que será la nueva administración la que deberá ver “si corresponde o no” aceptar las ofertas.
Ante esto, Hernando cuestiona que “en ningún caso el señor Valdivieso reconoce que (…) está mal la génesis del proceso”.
El recurso, que aún no ha sido declarado admisible por el tribunal de alzada capitalino, eleva a la justicia esta polémica licitación. De esta forma, la pugna por los bienes de la estatal continúa y será resorte de la justicia zanjar la disputa.
Por el momento, la futura ministra de Minería corre con ventaja: le ofrecieron aplazar la subasta. Sin embargo, la parlamentaria no cede: “Mi objetivo en calidad de diputada y fiscalizadora es (…) anular todo el proceso”, señaló a Radio Bío Bío este miércoles.
