La defensa del presidente Sebastián Piñera calificó como “una maniobra política mañosa y con claros fines electorales”, la Acusación Constitucional en su contra. El Gobierno precisó que en septiembre del 2014 venció el plazo para haber hecho esta acusación, mientras que en el oficialismo disminuye el apoyo al libelo acusatorio.

Este viernes a partir de las 15:00 horas comenzará la presentación del abogado Jorge Gálvez, en representación del presidente Sebastián Piñera, para exhibir los argumentos centrales de lo que será la defensa de la Acusación Constitucional.

La presentación fue ingresada a las 23:15 horas por personal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y entregada al secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, Miguel Landeros.

Los argumentos de la defensa

El documento de 242 páginas, contiene etapas de introducción y desglose de cada uno de los elementos del libelo acusatorio, señalando que es una acusación manifiestamente falsa y mañosa.

En ese sentido, se alude a que no es cierto que el Presidente haya tenido participación en la venta de Dominga, y que sus hijos hayan decidido que la venta ocurriera fuera de Chile, evitando pagar impuestos. Así también, indica que la no suscripción del tratado de Escazú habría sido beneficioso para Dominga.

Asimismo, atribuye intenciones en suposiciones con la intención de crear una falsa impresión de que se habría privilegiado los intereses del mandatario, con un carácter electoral.

Defensa asegura que venció el plazo

Pero además, se acusa un intento por traer al presente un hecho ocurrido entre 2010 y 2011 correspondiente a una negociación entre empresas privadas, en que -según dicen- el Presidente de la República no tuvo participación.

En esa línea, se apunta a que se busca revivir por vía constitucional una causa judicial finalizada, lo que viola de manera flagrante lo establecido por el artículo 76 de la Constitución respecto de las facultades exclusivas de los Tribunales de Justicia.

Por lo mismo, detallan que los hechos ya fueron investigados y fueron objeto de sobreseimiento definitivo por el 4° Juzgado de Garantía y la unanimidad de la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema, por la inexistencia de delito y la inocencia del Presidente.

Por último, se alude a que la oportunidad para acusar ha caducado pues los hechos deben corresponder a una administración actual, y sólo hasta que hayan transcurrido los 6 meses posteriores al fin del mandato. No obstante, puntualizan que los hechos ocurrieron durante el
primer mandato, por lo que la oportunidad para acusar por ellos expiró.

abogado Jorge Galvez
Abogado Jorge Galvez | Leonardo Rubilar | Agencia UNO

Gobierno coincidió con defensa por el plazo

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, coincidió con lo señalado en el documento indicando además que está fuera de plazo.

En la oposición respondieron a las críticas, asegurando que es una defensa predecible que se dedicó a “insultar” y cuestionar los intereses de los parlamentarios que hicieron la acusación.

El diputado socialista Leonardo Soto, quien pese a no estar nominado formalmente en la comisión revisora estuvo presente en las audiencias y que además es uno de los firmantes del libelo, insistió en que los hechos alrededor de la compraventa de Dominga podrían constituir actos de corrupción presidencial.

Baja apoyo a la Acusación en el oficialismo

Por otro lado, en el oficialismo si bien hay diputados abiertos a conocer primero los antecedentes y eventualmente dar su voto a favor, con el avance de las sesiones de la comisión y con la presentación de la defensa, estaría disminuyendo el apoyo a la acusación.

En ese sentido, el diputado RN Andrés Celis, quien mostró disposición a revisar los antecedentes para evaluar su postura, aseguró que según la evidencia presentada por la defensa, se hace difícil votar a favor.

La primera sesión de la comisión revisora para revisar la respuesta de la defensa se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas, además de este sábado, para luego retomar las sesiones el próximo martes hasta el viernes 5 de noviembre, donde se votará el informe de la comisión revisora.

Finalmente, el lunes 8 se llevará a la Sala la Acusación Constitucional para su votación por los diputados y diputadas.