La Corte Suprema deberá revisar un recurso de casación que busca anular el fallo que negó una indemnización del Servicio Agríola Ganadero (SAG), por 1.800 millones de pesos, tras sacrificar 27 caballos fina sangre con una supuesta enfermedad contagiosa.
El 24° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda interpuesta por el empresario Jorge Cardemil contra el SAG, por estimar que la decisión del organismo se sustentó en la protección de la salud pública de las personas.
Luego de cuatro años de litigios, la Corte Suprema deberá zanjar si el Servicio Agrícola debe indemnizar por daños y perjuicios al demandante. El sacrificio incluyó 21 yeguas, en su mayoría preñadas, y seis potrillos.
Los hechos
De acuerdo a la acción civil, en abril de 2015 Cardemil inició el proceso de importación de veintisiete equinos de carreras desde Argentina por el paso Los Libertadores. Estos realizaron un período de aislamiento y 90 días de seguimiento ante cualquier síntoma de enfermedad, exigido por el SAG.
Una vez en Chile, la entidad tomó muestras de sangre de los equinos y dictaminó una “emergencia sanitaria”. Pues supuestamente tres de los ejemplares habían dado positivo en el examen que pesquisa la enfermedad del Muermo, una infección mortal para los equinos y que puede contagiarse a los humanos.
La demanda agrega que tanto Chile como en Argentina, hace más de 25 años, están declarados países libres de la enfermedad, por tanto, la prueba no es parte de las exigencias sanitarias. Además, se menciona que otros laboratorios extranjeros también realizaron muestras, pero no arrojaron rastros de la enfermedad.
A pesar de ello, el SAG autorizó el sacrificio de todos los equinos, lo que concretó cuatro días después.
Descargos de los afectados
Según los afectados, se realizó una necropcia al único caballo que había dado positivo, “no encontrándose signo patológico alguno, ni menos rastros de algún signo relacionado con Muermo”, según el líbelo.
“Todos los caballos sacrificados estaban sanos. Los diagnósticos realizados por el SAG evidentemente arrojaron falsos positivos”, concluye la demanda.
El abogado del empresario, Ciro Colobra, declaró que “hubo negligencia, ignorancia, desconocimiento y mal uso de los sistemas de control”. Y explicó que el SAG conocía “perfectamente” que las pruebas que realizó estaban “obsoletas”.
Por su parte, el abogado Aldo Díaz enfatizó que “el actuar del SAG, en este caso, distó de un normal funcionamiento de su rol, irrogando daños y perjuicios a nuestro cliente.
