El Consejo de Defensa del Estado irá tras el patrimonio del excomandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, quien es acusado de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos reiterados.

La querella del CDE pide 15 años de prisión para el militar en retiro por estos hechos. Además, la acción también involucra a su esposa, Ana María Pinochet, para quien se solicita una pena de 10 años y un día.

Además, el documento pide el comiso de los bienes adquiridos por la pareja durante el período en que se enmarca la investigación. Entre ellos, una parcela en el sector Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina, y cuatro departamentos ubicados en Las Condes.

Esta maniobra es similar a la que llevó a cabo el CDE contra Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, en el caso Riggs. Esto, para devolver parte del dinero defraudado a las arcas fiscales.

A esto se suma la aplicación de una multa de 1.000 UTM (cerca de $52 millones) para cada uno, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Investigación contra Fuente-Alba y su esposa

Según la indagación a cargo del fiscal José Morales, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la pareja incrementó su patrimonio en más de 280% en siete años.

Según la querella del CDE, el general en retiro cometió el delito de malversación de caudales públicos entre 2010 y 2014. Esta práctica derivó en un lavado de activos para ocultar el origen ilícito del dinero.

“Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los años 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base (malversación de caudales públicos)”, se explica.

Además, el documento señala que “entre los mecanismos empleados para lograr la naturalización del dinero sucio están las transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo”.

“O a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el último vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de vehículos”, agrega.