La mañana de este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, comprometió que no habrá más traslados entre prisiones si no se ha efectuado previamente un test PCR a los reos transferidos, y que éste haya dado negativo.
Así lo adelantó junto al Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, con quien participó en la Mesa Social Covid-19, donde hicieron un balance de la situación penitenciaria en estos meses de Emergencia Sanitaria.
En la ocasión, informaron desde Justicia, Larraín explicó las tres líneas de acción con las que se está actuando para controlar el avance de la pandemia en las cárceles: definir una política de traslados; aplicar testeos por brote cuando hay contagios importantes o inusuales, y fortalecer los elementos de protección personal para internos y funcionarios.
Respecto del protocolo, adelantó que “no habrá traslados a otros recintos penales, menos de una región a otra, si no hay un PCR negativo y se cumple con todos los requisitos y exigencias que va a establecer este protocolo que estamos conversando con la mesa técnica de salud”, explicó Larraín.
Asimismo, la autoridad ministerial agregó que “la otra línea de trabajo es la de testeos preventivos por brote. Es un modelo que hicimos con los rectores de universidades y sus facultades de medicina. Esto lo aplicamos en la Ex Penitenciaria, y queremos hacerlo de forma más sistemática”.
“Hasta ahora no hemos contado con los medios, pero ya llegamos a acuerdo con el Ministerio de Salud para avanzar en esta materia. En este momento tenemos solicitados partir con mil PCR, que nos permitirán testear a 4 o 5 mil personas en distintos lugares, en espacios puntuales donde hay brotes inusuales, para detectar casos confirmados y asintomáticos”, detalló.
En tanto, “la tercera línea de acción es la necesidad de aumentar los elementos de protección personal, tanto en la población penal como los funcionarios”.
Durante la exposición, el ministro también destacó las acciones realizadas desde marzo a la fecha, que incluyen la promulgación de la Ley General de Indulto Conmutativo, que benefició a 1.566 personas privadas de libertad; la restricción de las visitas y la aplicación de videollamadas para que los internos mantengan contacto con sus familiares; los nuevos protocolos para el envío de encomiendas; la disposición de plazas de aislamiento en todo Chile para casos sospechosos y confirmados; y el reforzamiento de los equipos médicos en las unidades penales, entre otras medidas.
