Tras los hechos de violencia que se han suscitado en el país desde que comenzó la crisis social el pasado 18 de octubre, el director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cristián Peruzé, dijo rechazar estas acciones tanto de parte, de civiles, como de Carabineros.
En entrevista con El Mercurio, la autoridad expresó que “las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas”, en referencia a las movilizaciones no autorizadas de Plaza Baquedano, agregando que las funas son acciones “sumamente fascistas”.
La vocera de la Asociación de Funcionarios del INDH, Jimena Aguirre, calificó como “lamentable” las declaraciones, puesto que a su juicio demuestran una desconexión total del Consejo con las agresiones sufridas por manifestantes en distintas ciudades del país.
El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, le bajó el perfil a la polémica, respaldando la gestión que ha tenido la entidad, pese a las diferentes posturas al interior del Consejo.
Labor que, no obstante, dijo podría mejorar.
Por su parte, la presidenta de la agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro y quien representa a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, cuestionaron la imparcialidad del instituto ante los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante la crisis social.
De acuerdo a antecedentes de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, desde que inició la crisis social hasta el pasado 30 de noviembre, se reportan 5.558 personas que han denunciado violación de Derechos Humanos.
