Estudiantes secundarios acusaron manipulación mediática, victimización de la autoridad y anunciaron una semana de movilizaciones. Todo ello, luego de que el Gobierno condenara la agresión de estudiantes contra dos carabineros en el Internado Nacional Barros Arana.
El rechazo total de las autoridades se declaró luego de la difusión de grabaciones registradas el pasado martes 2 de octubre, cuando encapuchados y estudiantes del internado se enfrentaron con las unidades policiales.
En las imágenes se ve a dos funcionarios de Fuerzas Especiales que al interior del establecimiento fueron agredidos con sillas, palos y golpes de pie mientras intentaban detener a una persona vestida con un overol blanco, cayendo uno de ellos al piso, donde fue golpeado en la cabeza por un grupo de manifestantes.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri fue quien difundió estos videos y condenó gravemente los hechos.
“Es lamentable pero que ocurre con cierta frecuencia en nuestros liceos. Los colegios en su inmensa mayoría sí quieren estudiar, pero aquí hay grupos minúsculos que están entorpeciendo y destruyendo la educación pública”, argumentó.
“Lo que estamos viendo en los colegios, la agresión al cabo Quintanilla, no es primera vez que ocurre y frente a eso nosotros como sociedad, dejando la política de lado, hagámonos cargo de ello”, añadió el alcalde.
Alessandri reiteró la necesidad de la pronta tramitación del proyecto de ley Aula Segura, que durante los últimos días ha sido cuestionado por tener vicios de constitucionalidad, lo que ha obligado al Gobierno a reconocer errores y aplazar su urgencia.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reforzó la idea de que los estudiantes que provocan esta clase de incidentes deben ser expulsados. Además, anunció el envío de modificaciones a la actual legislación para hacer más severas las penas y responsabilidades para aquellos que agreden a la autoridad policial.
“Los directores, cuando ven que hay un estudiante que tiene en el liceo bombas molotov, que las tira, que produce daño. Que tenga la mínima atribución que es poderlo expulsar del liceo. ¿Cómo va a ser posible que un estudiante que comete esos actos delictuales, que son graves actos de violencia, pueda seguir ahí mismo, como si nada hubiese pasado?”, cuestionó.
“Ninguna persona puede faltar el respeto a Carabineros. Carabineros cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno en sus funciones”, recalcó el titular de la cartera de seguridad, quien ostenta su rol de vicepresidente mientras Sebastián Piñera se encuentra de gira por Europa.
El general director de Carabineros, Hermes Soto, aseguró que no se trata de hechos aislados y anunció que reforzarán su forma de proceder y que no tolerarán faltas de respeto ni agresiones hacia los uniformados.
“Es todos los días, dos, tres, cinco veces diarias, que ocurren estas situaciones en los distintos colegios de Santiago (…) Vamos a actuar en forma rápida, segura, y no permitiendo excesos de ellos con nuestro personal. Vamos a actuar en el día a día con la mayor fuerza, para poder terminar de una buena vez por todas con estos procedimientos”, sostuvo.
Fuentes policiales de BioBioChile indicaron que Raúl Quintanilla -funcionario perteneciente a la 40° Comisaría de Fuerzas Especiales, y quien fue golpeado en la cabeza- se encuentra con licencia producto de un politraumatismo y una herida contusa occipital.
Reacción estudiantil
Desde la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, su vocera Amanda Luna acusó una victimización de parte de la autoridad, ya que -señala- no se muestra la violencia ejercida por los propios carabineros en jornadas anteriores.
“Nos parece inconcebible como Alessandri a través de su cuenta de Twitter muestra videos victimizando a Carabineros, que día a día nos reprime en las calles, en nuestros liceos, en cada manifestación, en cada movilización. Es inconcebible como se está poniendo en la palestra la situación de un sólo liceo de Santiago cuando hay miles de liceos que hoy están viviendo situaciones precarias”, acusó.
Amanda Opazo, su par de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Cones, fustigó la violencia señalando que es condenable venga de donde venga, pero indicó que el Gobierno está extremando las medidas por hechos que ocurren en unos pocos establecimientos.
“La violencia es recriminable en todos sus ámbitos, en específico en lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Barros Arana. Nos van a poner una medida que es coyuntural para un liceo en específico, como el INBA o el Liceo de Aplicación, poniéndole un parche a la violencia que existe en los establecimientos educacionales”, cuestionó.
La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la demócrata cristiana, Yasna Provoste, por su parte, indicó que existe un intento de vincular lo ocurrido con la necesidad de aprobar el proyecto Aula Segura, lo que es un despropósito a su juicio, ya que la iniciativa -asegura- no tipifica situaciones como las que se aprecian en las grabaciones.
“Cuando alguien dice lo urgente que es que se apruebe la iniciativa para castigar estos hechos, o no leyó el proyecto, o se intenta confundir o simplemente se miente y toda las alternativas anteriores me parecen igualmente graves”, señaló.
Por los incidentes registrados el día 2 de octubre, tres estudiantes fueron formalizados por desórdenes públicos y porte de artefactos incendiarios. Dos de ellos obtuvieron una salida alternativa y el segundo enfrentará cargos por el porte de artefacto incendiario.
Al rescate de Aula Segura
Luego del traspié que sufrió esta semana el proyecto Aula Segura en el Congreso y ante las críticas de la oposición, la ministra de Educación Marcela Cubillos volvió a reunirse con un grupo de apoderados de liceos emblemáticos de Santiago y Providencia, que forman parte de la agrupación “No + Tomas”.
Si bien tras la reunión la ministra resaltó que la cita no obedecía a cuestiones políticas, lo cierto es que dicha agrupación de apoderados nace de la Confepa, organización de derecha que jugó un rol activo y de rechazo a la reforma educacional del pasado Gobierno.
En la ocasión la secretaria de Estado respondió a las críticas de la oposición, en cuanto a que este proyecto de ley no es más que pirotecnia, llamando a no juzgar intenciones. Además, coincidió en que los estudiantes que cometen estos hechos, son verdaderos delincuentes.
“No solamente coincido con las palabras del Presidente, sino que, apenas asumí el alcalde Alessandri me vino a plantear este problema, y le llevo de inmediato la propuesta de ley al Presidente y él no dudó en impulsarlo como lo está impulsando hoy día”, dijo.
Raquel Guerra, apoderada del Instituto Nacional Barros Arana, que ofició de vocera de los apoderados, indicó que ha faltado determinación de los directivos para poner límites a estos actos, ya que son grupos que están identificados. También confirmó que se ha expulsado a 7 estudiantes usando los manuales de convivencia.
“El cuerpo directivo de cada liceo ya tiene, entre comillas, identificados ya a los alumnos que participan, son grupos organizados. Tenemos antecedentes de grupos de adultos que incentivan a los muchachos, manejamos nombres de personas en particular, pero toda esa información se está entregando a las autoridades”, indicó.
Desde el Gobierno insisten en que el director de un colegio carece de atribuciones para frenar esta violencia, sin embargo, según el superintendente de Educación Escolar, Sebastián Izquierdo, independiente de esta norma, los directivos tienen la obligación de denunciar estos hechos a las policías.
“Frente a un delito, independiente de un proyecto de ley que le da ciertas atribuciones a los directores, es importante señalar que se debe anunciar a Carabineros de Chile porque esto es un delito”, precisó.
Carlos Henríquez, secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, coincidió en que se cuenta con atribuciones para sancionar y que esta iniciativa sirve para darles relevancia, agregando que el tema debe abordarse de una manera integral.
“Muchas veces están las facultades pero no están visibilizadas, y yo creo que lo que hace este proyecto de ley es visibilizar un elemento central que es la responsabilización de los actos, y que en una escuela no se pueden aceptar actos de esta manera. Pero eso tiene que ir acompañado también de una mirada integral de lo que tiene que ver con convivencia escolar”, detalló.
El trámite del proyecto Aula Segura continuará la próxima semana en la Comisión de Educación del Senado, instancia que se aprestará a escuchar a más de 50 invitados en un plazo de 15 días.
