Nacional
Miércoles 26 septiembre de 2018 | Publicado a las 06:40 · Actualizado a las 09:06
Se complica Berm√ļdez: Estado chileno reconoci√≥ ante la OEA que cargo de subcontralor es inamovible
Publicado por: Alberto González La información es de: Néstor Aburto
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

En medio del debate sobre si procede o no la decisi√≥n del contralor Jorge Berm√ļdez de destituir del cargo a Dorothy P√©rez, un nuevo antecedente vino a sumarse a la pol√©mica.

Se trata de un documento oficial que fue enviado por el Estado chileno a la Organizaci√≥n de Estados Americanos, OEA, durante la pasada administraci√≥n de Sebasti√°n Pi√Īera, seg√ļn reconoci√≥ la propia Canciller√≠a.

Seg√ļn consta en el sitio web de la OEA, existe un informe que se elabor√≥ en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci√≥n de la Convenci√≥n Interamericana contra la Corrupci√≥n (Mesicic), donde se determin√≥ que el cargo de Subcontralor General de la Rep√ļblica era inamovible.

Recordemos que Dorothy Pérez ejercía precisamente desde septiembre de 2016 como subcontralora y juez de cuentas de la entidad.

De hecho, en el documento se resume el proceso de acreditación que incluyó una visita de parte de los expertos titulares de los países revisores de la OEA, los cuales se reunieron con el personal de la Cancillería chilena y de la Contraloría General.

En la ocasión estuvieron presentes el contralor general de la época, Ramiro Mendoza, la subcontralora general y las jefas de las divisiones de auditoría y de Municipalidades, junto a abogados y funcionarios del Tribunal de Cuentas y de otras unidades de la misma repartición, donde se despejaron las dudas que habían respecto de la movilidad de las dos principales autoridades.

Esta ronda de reuniones fue clave para que se reconozca lo que qued√≥ establecido en el informe oficial del Estado de Chile ante la OEA, que el art√≠culo ‚Äúvigente y aplicable‚ÄĚ n√ļmero 4¬į de la Ley N¬į 10.336, el ‚ÄúSubcontralor General de la Rep√ļblica es una de las dos ‚Äúautoridades‚ÄĚ de la instituci√≥n y goza de la inamovilidad que corresponde a los miembros de los tribunales superiores de justicia”.

“S√≥lo puede ser removido por el Presidente de la Rep√ļblica previo juicio de amovilidad, tramitado en la forma que all√≠ se indica y por las causales que se requieren para los Ministros de la Corte Suprema‚ÄĚ.

Recordemos que justamente este punto es el que alude la defensa de Dorothy P√©rez, pero que seg√ļn ha insistido el actual contralor Jorge Berm√ļdez, dicha ley estar√≠a en deshuso, punto que ahora tendr√° que resolver la justicia.

El contralor situ√≥ a P√©rez como parte de una trama interna de la Contralor√≠a para proteger a funcionarios corruptos de Carabineros. Convencido de ello, Berm√ļdez decidi√≥ declarar la vacancia en el cargo luego que P√©rez se negara a renunciar; aduciendo que un juicio de amovilidad ante la Corte Suprema es la √ļnica v√≠a para su destituci√≥n.

No obstante, esta hipótesis quedó en entredicho tras conocerse una serie de correos que ella envió, entre junio de 2010 y diciembre de 2013, cuando ejerció como subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la CGR, advirtiendo la necesidad de investigar a Carabineros.

Los correos ahora están en poder del fiscal Eugenio Campos, quien investiga el millonario fraude en Carabineros y la arista de la Contraloría, donde en junio de 2010 despareció un sumario en el Departamento de Remuneraciones de Carabineros que podría haber impedido el aumento del millonario desfalco que actualmente llega a los 28 mil millones de pesos.

La primera batalla se comenzará a zanjar el miércoles en la audiencia en la Corte, donde la exsubcontralora buscará que se declare ilegal su despido y que sea la justicia la que le reponga el cargo.

Revisa a continuaci√≥n parte del informe que fue firmado por las autoridades de esa √©poca, como el contralor general de la Rep√ļblica, Ramiro Mendoza, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno:

‚Äú[90] Para efectos del presente informe, en su respuesta al cuestionario, el Estado analizado se√Īal√≥ al Contralor y Subcontralor Generales como las m√°ximas autoridades de la CGR. En cuanto a la manera en que es provisto el cargo de Contralor General, los art√≠culos 98 constitucional y 3¬į de la Ley No. 10.336 disponen que este cargo ser√° designado por el Presidente de la Rep√ļblica con acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un per√≠odo de 8 a√Īos continuos, no pudiendo ser designado para el per√≠odo inmediatamente siguiente, y cesar√° en sus funciones al cumplirse dicho per√≠odo o por cumplir 75 a√Īos de edad. El cargo de Subcontralor General, por su parte, es provisto por designaci√≥n del Contralor General.

[91] Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el art√≠culo 4¬į de la Ley N¬į. 10.336, tanto el Contralor General como el Subcontralor gozar√°n de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes se√Īalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia y su remoci√≥n corresponder√° s√≥lo al Presidente de la Rep√ļblica, previa resoluci√≥n judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen en contra de los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales se√Īaladas para los ministros de la CSJ.‚ÄĚ.

[92] En relaci√≥n con lo anterior, en el marco de la visita in situ, la representaci√≥n de la CGR se refiri√≥ a las instancias competentes para exigir responsabilidad por las actuaciones del Contralor General y Subcontralor y para decidir acerca de la permanencia en sus cargos. A este respecto, se precis√≥ que el art√≠culo 52, numeral 2¬ļ, constitucional contempla, entre las atribuciones exclusivas de la C√°mara de Diputados, la de declarar la procedencia o no de las acusaciones que no menos de diez ni m√°s de veinte de sus miembros formulen en contra de las autoridades se√Īaladas en el mismo numeral 2¬ļ, cuyo inciso c) prev√© a ‚Äúlos magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la Rep√ļblica, por notable abandono de sus deberes.‚ÄĚ Dicha acusaci√≥n deber√° tramitarse conforme a lo dispuesto en el t√≠tulo IV de la Ley Org√°nica Constitucional del Congreso Nacional N¬į 18.918. De proceder la acusaci√≥n, se remitir√°n los antecedentes al tribunal ordinario competente para la tramitaci√≥n del procedimiento correspondiente con sujeci√≥n a lo dispuesto en los art√≠culos 51, numeral 1, 338, 339 y dem√°s aplicables del C√≥digo Org√°nico de Tribunales.‚ÄĚ

Previamente en el p√°rrafo 81 (p√°gina 19) de dicho informe, respecto de la cuarta funci√≥n p√ļblica que la Constituci√≥n Pol√≠tica encomienda a la Contralor√≠a, y que es desarrollada a trav√©s del Juzgado de Cuentas‚ÄĚ.

Informe Mesicic | Néstor Aburto (RBB)
Informe Mesicic | Néstor Aburto (RBB)
Informe Mesicic | Néstor Aburto (RBB)
Informe Mesicic | Néstor Aburto (RBB)
Tendencias Ahora