Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, los enviados del papa Francisco, retornaron el martes a Roma. Pero antes de subirse al avión, el arzobispo de Malta prestó declaración como testigo en el caso de abusos sexuales en la congregación de los Hermanos Maristas.
Manifestó su intención de colaborar con la justicia y así lo hizo. Previo a abordar su vuelo, en dependencias de Policía Internacional del aeropuerto de Santiago, y en coordinación con la nunciatura, Scicluna prestó declaración en calidad de testigo ante la Fiscalía.
El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal regional, Raúl Guzmán, quien estuvo acompañado por el fiscal Guillermo Adasme, quien indaga las denuncias contra sacerdotes de la congregación Marista.
Si bien Guzmán dijo a la prensa que se trató de una conversación, fuentes de Radio Bío Bío indicaron que la cita tuvo carácter de diligencia, con el objetivo de conseguir los antecedentes que recabó Scicluna en su primera visita a Chile y que fueron entregados en un informe al papa Francisco.
El persecutor, además, no descartó citar al nuncio Ivo Scappolo si así fuera necesario.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que se investigarán todos los casos de abusos sexuales denunciados contra religiosos a pesar que estén prescritos.
Por su parte, el persecutor de la región de O’Higgins, Emiliano Arias, que investiga “La Cofradía”, enfatizó que se incluirán abusadores, cómplices y encubridores de delitos sexuales.
Antes de prestar declaración, Charles Scicluna dio su último balance de esta visita de ocho días a Chile, junto al sacerdote Jordi Bertomeu. Los acompañó también el cuestionado nuncio Ivo Scappolo. A partir de ese momento se comenzó a fraguar la amargura y las críticas de las víctimas.
Molestia y decepción
Ahí Scicluna abordó la reparación, de la que desligó en parte de responsabilidad a la Iglesia: aseguró que el resarcimiento es personal y no institucional.
Además, acotó el trabajo de la oficina de escucha de casos de abusos sexuales, la que sólo revisará casos que no alcanzaron a escuchar personalmente los enviados papales. Será, además, temporal y no reemplazará las actuales comisiones existentes.
La oficina de escucha estará compuesta por cinco de los siete integrantes de la cuestionada comisión de prevención de abusos sexuales de la Conferencia Episcopal: Pilar Ramírez, la sicóloga Josefina Martínez, la religiosa Marcela Sáenz, los sacerdotes Larry Yévenes y David Albornoz.
Uno de los que no estará es el presidente de la comisión de la Cech, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien habría tomado la iniciativa de restarse. Eso sí, en su entorno descartan que sea por los cuestionamientos en su contra.
De paso intentó explicar las palabras de Scicluna sobre el resarcimiento para intentar aplacar los cuestionamientos de las víctimas y los laicos.
Críticas implacables
Para ello, el mismo González aseguró a La Radio que el trabajo de la instancia que encabeza es distinto a este nuevo espacio.
Pese a los intentos, Jaime Concha, una de las víctimas del caso Maristas, disparó contra los anuncios y consideró peligroso que se deje a cargo de las denuncias a los mismos que a su juicio han fallado en el manejo de estos casos hasta ahora en la iglesia.
Uno de los voceros de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, consideró que esto puede mantener los encubrimientos. Asimismo, consideró grave que la iglesia quiera desmarcarse de las responsabilidades en cuanto a la reparación.
A las críticas sobre la oficina de denuncias contestó la nueva coordinadora, Pilar Ramírez, quien consideró válidas las dudas y desconfianza.
En tanto, el Arzobispado de Santiago inició un proceso administrativo penal al presbítero Cristián Rojas, párroco de Santo Tomás de Aquino, debido a una denuncia por abusos hecha por una persona mayor de edad.
Mientras dura el proceso, Rojas ha sido apartado del oficio de párroco y no puede realizar actos públicos propios del ministerio sacerdotal.
