En conversación con Radio Bío Bío, el abogado del exministro de Transporte argentino Ricardo Jaime, Andrés Marutian, dijo que no han sido notificados de la audiencia que se podría concretar a fines de agosto en Argentina para interrogar a Jaime y a su asesor Manuel Vásquez, para la causa chilena del presunto pago de coimas de LAN a exfuncionarios trasandinos.

El jurista detalló que no han podido conocer el expediente, el que esperan poder revisar la próxima semana. Además, hizo hincapié en que el fiscal Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, no puede concretar un interrogatorio directamente a los dos argentinos, sino que para realizar una diligencia como ésta debe estar presente el fiscal y el juez trasandino.
Por otra parte, el abogado adelantó que pedirán a Estados Unidos el envío de la documentación completa del caso en ese país en que LAN pagó una multa de 22 millones de dólares.
Asimismo, recordó que el máximo tribunal argentino decretaron la nulidad absoluta de los correos electrónicos y la prohibición de su utilización en cualquier causa penal, por lo que no podrán ser usados como base para la investigación chilena.
“La justicia argentina, el Máximo Tribunal y la Cámara (…) decretaron nulo, de nulidad absoluta, con la expresa mención que no pueden ser utilizados en causa penal alguna. Por lo que, obviamente, si la documental que va a agregar la Fiscalía de la región Metropolitana chilena son los correos electrónicos, lamentablemente aquí no van a tener cabida porque son de imposible utilización“, dijo el abogado.
Los correos electrónicos corresponden al asesor del exministro Jaime, Manuel Vázquez, y fueron parte de los antecedentes publicados en medios trasandinos que acreditaban una comisión por parte de LAN, equivalente a US$ 1.150.000 a través de una supuesta consultoría de rutas aéreas en Argentina.
Fueron estos correos los que permitieron abrir la causa en el país vecino y que tuvieron eco en medios chilenos, lo que sirvió como base para que en 2010 el entonces diputado Jorge Burgos oficiara al Ministerio Público investigar, amparado en el Código Penal desde el 2002, en virtud al cumplimiento de tratados internacionales, que permite investigar y sancionar el pago de coimas a funcionarios de otros países.