Como señal de la intensa competición entre los Estados, los contratos para intentar conseguir un acceso a una posible vacuna contra el covid-19 se multiplican.

Este viernes, las farmacéuticas Sanofi y GSK anunciaron un contrato con Estados Unidos por más de 2.000 millones de dólares para el desarrollo de esos remedios.

Y pocas horas después, la Comisión Europea anunció que reservaba 300 millones de dosis de esa futura vacuna, que podría estar lista en 2021.

Desarrollada conjuntamente por la francesa Sanofi y la británica GSK, la vacuna fue seleccionada por el programa estadounidense “Operation War Speed”, anunció Sanofi en un comunicado el viernes.

Este programa gubernamental prevé garantizar a los estadounidenses un acceso a la vacuna lo más rápido posible, a través de numerosos acuerdos firmados con laboratorios.

Sanofi y GSK recibirán hasta 2.100 millones de dólares (1.772 millones de euros) de Estados Unidos a cambio del suministro inicial de 100 millones de dosis a los estadounidenses.

El laboratorio francés, que recibirá la mayoría de la financiación del gobierno estadounidense, precisa que este último dispone además de una opción para el suministro de 500 millones de dosis suplementarias a largo plazo.

Sanofi y GSK anunciaron el miércoles un acuerdo de 60 millones de dosis con el Reino Unido.

Proteína recombinante

El producto de ambos laboratorios se basa en la tecnología de proteína recombinante que Sanofi empleó para producir una vacuna contra la gripe y en el adyuvante para uso pandémico desarrollado por GSK.

El laboratorio francés anticipa lanzar su ensayo clínico de fase 1 y 2 en septiembre, antes del estudio de fase 3 (la última etapa) de aquí a final de año, para una aprobación que podría darse en el primer semestre de 2021. Estos ensayos a gran escala de la fase final incluirán a México.

Antes de este nuevo acuerdo, Estados Unidos ya había gastado más de 6.000 millones de dólares (5.000 millones de euros) desde marzo para financiar proyectos competitivos, en laboratorios como Johnson & Johnson, Pfizer y AstraZeneca (en cuyos ensayos participó Brasil), y en dos pequeñas empresas de biotecnología, Novavax y Moderna.

“La cartera de vacunas constituida en el programa ‘Operation Warp Speed’ aumenta las posibilidades de tener al menos una vacuna segura y eficaz de aquí a final de año”, afirmó Alex Azar, secretario estadounidense de Salud, citado en el comunicado de Sanofi.

Y operaciones similares se multiplican en todo el mundo, ya que en la lucha contra la pandemia, los laboratorios deben acelerar las etapas de desarrollo de una vacuna y preparar sus unidades de producción sin ni siquiera conocer los resultados de los ensayos clínicos; es decir, sin saber si la vacuna verá la luz algún día.

Firmar acuerdos con los Estados les permite compartir los riesgos mientras que, a cambio, los gobiernos tienen garantizado un suministro de vacunas si las investigaciones tienen éxito.

Esta competición levanta polémica, pues cuestiona el acceso a la vacuna de los países en vía de desarrollo, que no tienen los medios para financiar contratos tan grandes, y alimenta los temores a que sean suministrados de último.

A mediados de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que señala que cualquier vacuna contra la pandemia de covid-19 debe ser considerada como “un bien público mundial” e insistió en la necesidad de un “acceso rápido, justo y sin trabas a medicamentos, vacunas, diagnósticos y terapias seguros, asequibles, eficaces y de calidad”.