La Fiscalía General de Paraguay formuló imputación contra el expresidente Santiago Peña Palacios —destituido del cargo— y el banquero Carlos Carvallo Spalding por presuntas irregularidades en la entrega de recursos públicos y previsionales a Ueno Bank. Piden prisión preventiva y también medidas patrimoniales.
En detalles, a Santiago Peña Palacios se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding fue imputado por la presunta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Según la hipótesis fiscal,entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
En relación con Santiago Peña Palacios, la investigación señala que, durante el ejercicio de la Presidencia de la República, habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias.
Los hechos investigados contra expresidente de Paraguay
Entre los antecedentes incorporados a la investigación figuran su participación accionaria en Ueno Holding S.A.E.C.A., operaciones posteriores relacionadas con dichas acciones y reuniones mantenidas con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en el contexto de decisiones vinculadas a inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.
Respecto de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como su anterior vinculación con Financiera Ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, según la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, el equipo fiscal incorporó informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
Por estos hechos, la Fiscalía de Paraguay solicitó la prisión preventiva de ambos imputados. Asimismo, instruyó medidas en lo que respecta a sus patrimonio, como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.
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