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Argentina instalará un "alambrado perimetral" en el cruce fronterizo con Bolivia en el río Bermejo, según una licitación publicada en el Boletín Oficial de Salta. La valla de 2,5 metros de alto y 200 metros de largo buscará frenar la llegada de migrantes ilegales desde Bermejo. La medida forma parte del plan "Fronteras blindadas" y "Plan Güemes" del Ministerio de Seguridad argentino, que contempla sumar 310 efectivos en zonas críticas como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34. En respuesta, Bolivia instó a abordar los temas fronterizos mediante diálogo bilateral para no afectar la convivencia pacífica entre ambos países.
Mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Salta, este lunes se dio a conocer que Argentina instalará un “alambrado perimetral” en el cruce fronterizo con Bolivia en el río Bermejo.
Según consignó Emol, la valla se extendería por 200 metros con una altura de 2,5 metros de alto, ubicándose desde la oficina migratoria hasta el terminal de buses de Aguas Blancas. Así, se espera frenar a migrantes ilegales que llegan desde la localidad boliviana de Bermejo.
La medida sería parte del plan “Fronteras blindadas” y el “Plan Güemes” del Ministerio de Seguridad argentino, presidido por Patricia Bullrich. En esa línea, además, se buscaría sumar 310 efectivos de las fuerzas de seguridad federales en las fronteras.
Los efectivos serían asignados a zonas “críticas” de la frontera trasandina, detalló el citado medio, tales como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “ruta de la droga”.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, en conversación con Radio Mitre, detalló que el alambrado evitaría el flujo hacia el sur del terminal de buses, obligando a que las personas se dirijan hacia Migraciones.
Preocupación desde Bolivia
Por otra parte, la cancillería boliviana instó a que los temas fronterizos se traten a través de “mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.
Asimismo, recalcaron que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
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