La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un profundo ajuste en su gabinete de ministros en plena crisis por el llamado "Caso Rolex".

La mandataria peruana cambió el lunes a seis de sus ministros mientras es investigada tras no declarar diversos relojes Rolex ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Uno de los cambios más importantes ocurrió en Interior, luego que quien fuera el titular de la cartera hasta el lunes, Víctor Torres, renunciara por los cuestionamientos que recibió a propósito de la participación de la Policía Nacional en el allanamiento a la casa de Boluarte y al Palacio de Gobierno.

Lo anterior, como parte de la investigación de la Fiscalía en contra de la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito.

El juramento de Walter Ortiz Acosta como ministro del Interior
El juramento de Walter Ortiz Acosta como ministro del Interior | EFE

“A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo”, declaró Torres al abandonar la sesión del lunes, consignó Agencia EFE. Según aseveró, su salida se debe a “temas de salud”.

Fue así como la gobernante nombró como ministro del Interior a Walter Ortiz Acosta, general en retiro de la Policía Nacional que anteriormente se desempeñó como Director General de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

A su vez, Boluarte tomó juramento a Sergio González Guerrero como ministro de la Producción, Morgan Quero Gaime como ministro de Educación y Ángel Manuel Manero Campos como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

En tanto, Ángela Teresa Hernández Cajo asumió como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mientras que Elizabeth Galdo Marín hizo lo propio como ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Este ajuste ministerial ocurre justo en la previa a la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ante el Congreso para solicitar un voto de confianza, lo que ocurrirá el miércoles.

Tal como detalla Europa Press, Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones.

Desde la oposición presentaron una moción de vacancia por incapacidad moral contra la presidenta, acusando que los relojes y joyas no aparecen en sus declaraciones juradas, representando un importante incremento patrimonial no justificado.