El gobierno de Luis Arce aseguró que defenderá la libertad de expresión y la Ley de Imprenta en Bolivia, casi una semana después de que el periódico Página Siete, uno de los principales del país, dejara de operar por cuestiones económicas y denunciara un acoso del partido oficialista.
“Vamos a ser siempre los primeros defensores cuando se intente vulnerar la Ley de Imprenta y nuestra libertad de expresión”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una entrevista con la radio estatal Illimani.
Alcón aseguró que el mismo día que se conoció sobre el cierre de Página Siete se ha “solidarizado” y ha “lamentado mucho aquello”.
También negó que desde el gobierno se hubiera “asfixiado” económicamente a ese medio, como lo denunció su directorio, y sostuvo que “Página Siete nunca ha enviado al Viceministerio de Comunicación alguna solicitud de auspicio” publicitario.
Alcón afirmó que “casi todas las solicitudes” de publicidad que recibió su viceministerio fueron atendidas “en distintos momentos” y “de manera austera por la situación”.
Según la viceministra, en todos los países hay una “crisis internacional” a raíz “de la guerra” y “del efecto postpandemia”, lo que hizo que surgieran “medios alternativos” digitales o en las redes sociales.
Cese de operaciones tras 13 años
Página Siete publicó el pasado jueves su última edición y anunció el cese de operaciones después de 13 años, a causa de una “tormenta perfecta” que, entre otros, fue causada por un “acoso” ejercido desde el partido de Gobierno, según denunció su directorio.
El presidente del directorio, Raúl Garáfulic Lehm, difundió una carta mencionando las causas que les llevaron a esta decisión, entre ellas que “el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico” e incluso “presionó a empresas privadas” para que no publiquen sus avisos en el periódico.
También dijo que el oficialismo puso en marcha “una estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está impune”.
A su vez, apuntó a las “recurrentes” auditorías y multas desde diversas entidades estatales que le llegaron todos los años, mientras la competencia “de línea oficialista” fue tratada “con guante blanco”.
El cierre del periódico provocó que asociaciones de la prensa, políticos, expresidentes bolivianos y la organización Human Rights Watch (HRW) lamenten la situación y hablen de una pérdida para la democracia.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia exhortó el lunes al Estado a “garantizar el pluralismo informativo” y el trabajo de los medios de comunicación “como guía de pesos y contrapesos en la información”.
