Desde el Gobierno de Iván Duque aseguran que se trató de un plan en contra de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, mientras que la comunidad asegura que en el lugar se encontraban civiles.
Un operativo del Ejército en el departamento de Putumayo al suroriente de Colombia dejó versiones contrastantes y múltiples interrogantes sin resolver.
Tres medios locales fueron al lugar y presentaron evidencias que ponen en cuestionamiento el relato oficial del Gobierno de Iván Duque.
Ana María y Rubén son los dos nombres con los que comienzan los relatos de la matanza ocurrida en el departamento de Putumayo, al suroriente de Colombia, de los medios colombianos Vorágine y El Espectador.
La primera, embarazada de dos meses murió durante el ataque perpetrado por el Ejército del país. El segundo, presenció cómo su amigo, el gobernador indígena Pablo Panduro, fallecía desangrado en el centro de la vereda Alto Remanso.
Los dos vivieron en carne propia un operativo que el presidente colombiano, Iván Duque, y el Ejército del país catalogaron como “exitoso” y que, aseguraban, pretendía “neutralizar a 11 integrantes” de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.
Pero tal como muestra la revista colombiana ‘Cambio’, “el ‘exitoso’ operativo militar empezó a mostrar trazas oscuras” desde la mañana siguiente de haber sido llevado a cabo.
Seis periodistas de los tres medios se desplazaron al lugar cinco días después e hicieron evidentes las incongruencias de un operativo sobre el que contrasta la versión oficial con la versión de la comunidad. La Fiscalía colombiana se encuentra investigando los hechos.
Sin embargo, las primeras evidencias muestran que algunas de las primeras informaciones parecen estar erradas. Once fueron los muertos, de los que según las versiones de la comunidad seis eran civiles, mientras que cuatro más resultaron heridos.
Además, la Fiscalía colombiana dijo que el Ejército colombiano no detuvo a cuatro personas, como lo habían afirmado en un principio. A lo que se suma que solo había cinco fusiles y una pistola.
“Algo no cuadraba –y aún no cuadra– en la aritmética castrense”, señala Alfredo Molano, de la revista Cambio.
Duque defiende el operativo y comandante del Ejército da polémicas declaraciones.
Tras la publicación de los informes, llenos de testimonios y preguntas irresueltas, Duque justificó el operativo en una visita a la sede de la ONU, asegurando que las críticas se tratan de un “oportunismo político que trata de incidir en el debate electoral”.
A lo que agregó: “muchas personas que se encontraban allí estaban vinculadas a grupos armados ilegales”. El presidente también dijo que existió “un ataque a la fuerza pública y que se llevó a cabo “respetando los protocolos de fuerza y de derecho internacional humanitario”.
Por su lado, el general Eduardo Zapateiro se pronunció por medio de su cuenta de Twitter: “Es una acción legítima (…) se caracterizó el objetivo teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario (…) no hemos confrontado a ningunas personas civiles, el actuar de la fuerza es contra quienes pongan en riesgo la seguridad de los colombianos”.
A Colombia: pic.twitter.com/ZMGZrHtt0A
— Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 12, 2022
Zapateiro también declaró que “no es la primera vez que caen mujeres embarazadas y menores combatientes” en una entrevista con otro medio colombiano.
Unas declaraciones que han sido criticadas en el país, en donde organizaciones sociales temen que se trate de una masacre, o incluso de un nuevo caso de “falsos positivos”, como se conoce al asesinato de civiles que son presentados como guerrilla en Colombia.
La controvertida versión oficial en Colombia
El Ministerio de Defensa del país aseguró que la operación iba en contra de Carlos Emilio Loiza Quiñónez, alias ‘Bruno’, y otro comandante conocido como ‘Managua’.
Según las autoridades los dos eran jefes del frente 48 conocido, también como Comandos de la Frontera.
Un grupo conformado por disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y exparamilitares que, según José Guarnizo, periodista de Vorágine, “se dedica al narcotráfico y que se disputa el bajo y el medio Putumayo con el frente Carolina Ramírez, también disidentes de las FARC”.
Así, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el operativo “no fue contra inocentes indígenas, sino ‘narcococaleros’. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos”.
A pesar de ello, los informes de los tres medios colombianos muestran fotografías de una invitación a un bazar que se prolongó durante tres días y que tenía como objetivo, según la periodista del Espectador Valentina Prada, de “recaudar fondos para proyectos comunitarios”.
¿Qué dice la comunidad?
Treinta fueron los relatos que consiguieron los tres medios colombianos.
Muchos de estos coinciden en que los primeros soldados, al llegar, iban vestidos de civiles. Aseguran que luego se cambiaron la ropa por su uniforme militar.
#LosMuertosDePutumayo Los testimonios que recogieron los reporteros de Vorágine, @estoescambio y @EEColombia2020 contrastan con la versión oficial del Ejército sobre la operación militar en Puerto Leguízamo.
El video completo de @bibiana_be en el enlace: https://t.co/fAVlh5CS4r pic.twitter.com/ozVgPUhh5B
— Vorágine (@VoragineCo) April 12, 2022
También la comunidad ha señalado que en la vereda sí había al menos cuatro hombres que pertenecían a los Comandos de Frontera. Los demás, según afirman, eran civiles entre los que había más de una decena de niños.
Asimismo, señalan que la balacera habría durado entre una hora y hora y media, y que fueron obligados después de algún tiempo a reunirse en la cancha de la vereda donde los pusieron de espaldas. Muchos dicen que no les permitieron reconocer los cuerpos de las víctimas.
Incógnitas sin resolver en Colombia
Muchas son las incongruencias entre el relato oficial y el de la comunidad. Y también son múltiples las incógnitas que quedan por resolver.
La posible manipulación de la evidencia por parte del Ejército es una de ellas.
Con un caso clave: el del joven Brayan Santiago, de 16 años. Los medios indican que hay unas fotografías que muestran su cuerpo desarmado y boca arriba. Mientras que otra aparece con un arma y en otra posición.
Consultado por los periodistas, un experto forense señala que pudo haber sido arrastrado y que las armas pudieron haber sido puestas posteriormente.
Otro interrogante radica en la demora de la llegada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al lugar de los hechos.
Su traslado se llevó a cabo solo cerca de seis horas después. Los periodistas se hacen la siguiente pregunta: ¿qué hizo el Ejército durante ese tiempo?
Los testimonios sobre la llegada de las fuerzas militares vestidas de civiles es quizás uno de los más preocupantes. Un video presentado por la comunidad podría respaldar dicho relato y queda por ver las determinaciones de la Fiscalía al respecto.
La incautación del dinero recogido y las personas que siguen desaparecidas en Colombia tras los hechos también hacen parte de la amplia lista de las preguntas sin resolver.
