El presidente Luis Arce afirma que detrás del paro en Bolivia, que se cumple parcialmente en varias zonas del país, hay un intento de "tumbar al gobierno".

Los grupos opositores de Bolivia decidieron mantener un paro iniciado hace una semana en el país latinoamericano.

Esto, a pesar de que el presidente izquierdista Luis Arce anunció en la víspera la derogación de la controvertida ley de blanqueo de capitales que generó la protesta.

“Hemos resuelto […] mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 1386. Se suma la abrogación del paquete de leyes demandadas por los sectores de la sociedad. Entre ellas la reposición de los dos tercios en el reglamento legislativo”, anunció Rómulo Calvo, líder del opositor Comité Cívico de la región de Santa Cruz.

Se trata de la más rica de Bolivia, que convocó a las protestas junto a otros grupos.

“Nuestra lucha continúa”, agregó el domingo en la noche en un masivo mitin que incluyó oraciones en el monumento del Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz.

Arce anunció el sábado que había decidido “abrogar la Ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”.

Varios heridos en paro de Bolivia

Las protestas se han caracterizado por marchas y bloqueos de calles, que han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que han dejado más de cien detenidos y varios heridos.

El presidente ha afirmado que detrás del paro, que se cumple parcialmente en varias zonas del país, hay un intento de “tumbar al gobierno”.

El Congreso fue convocado para este lunes para votar la derogación de la ley 1386, aprobada en agosto. Este establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas “podrá ser ajustada por el Ejecutivo (…) mediante decreto”.

El texto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada como herramienta de persecución política.

En octubre de 2020, con los votos del MAS, el Congreso modificó el reglamento legislativo.

Esto redujo de dos tercios a mayoría absoluta la aprobación de ascensos militares y policiales, y el nombramiento de embajadores, entre otras decisiones.

Los principales disturbios se han producido en los departamentos de Potosí, al suroeste, y Santa Cruz, bastión opositor, pero han ocurrido manifestaciones en todo el país.