El juez Juan Carlos Peinado dictó auto para enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Tal como detalla El País, el magistrado además decidió enviar al banquillo a la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez. De esta manera, ahora el sumario pasará al tribunal superior para que pueda fijar fecha para celebrar la vista.
En el auto, de 67 páginas, el juez mantiene su posición de enviar a juicio a ambas luego que la Audiencia Provincial le corrigiese al archivar dos delitos y ordenar levantar las medidas cautelares que les impuso el instructor.
“Se acuerda la apertura de juicio oral ante el tribunal del jurado”, concluye Peinado, desestimando el argumento de “ineficacia” que había presentado la defensa de Gómez y al que se había adherido la de Álvarez contra el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular unificada, liderada por la organización Hazte Oír.
Peinado señala que ambas acusadas “deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias” en los términos interesados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado ordenó investigar “la capacidad económica” de Gómez y que remita las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.
Si bien rechazó adoptar medidas cautelares, recuerda que ambas acusadas tienen la “obligación” de estar “en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que celebre el juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer “cuantas veces fueren requeridas”.
Peinado indicó que la intervención de Gómez y Álvarez ante la Universidad Complutense de Madrid “no se produjo en un contexto neutro u ordinario” sino que por su condición de esposa de Sánchez.
Lo anterior, aseveró, quedó plasmado en conversaciones del personal en la que se referían a ella como “la mujer de Sánchez”.
Esto situó “a ambas en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un ‘software’ desarrollado en el entorno de la cátedra”, agrega.
El juez acusa a Gómez de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, “este último en relación tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del ‘software’ desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria” que codirigió en la Complutense.
Por su parte, en el caso de Álvarez, aprecia indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, “exclusivamente en relación con el desvío del ‘software’, en concepto de cooperadora necesaria”.
El magistrado insistió en que después de la toma de posesión de Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018, “se produce un cambio radical en la trayectoria” de Gómez.
Y es que a sólo dos meses de abandonar su puesto en Inmark, fue nombrada directora del IE Africa Center, “estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Hub/StartUp Wakalua, ámbito en el que coincide” con el empresario Juan Carlos Barrabés, con quien el juez aprecia indicios de un presunto “intercambio de favores”.
En tanto, fuentes del Gobierno español expresaron su condena a la decisión del juez de abrir juicio oral contra Gómez, calificándola como una instrucción “arbitraria e injusta” que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa de Sánchez.
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